Pagan por encima de lo habitual en la UE

Las empresas españolas dedican la mitad de sus beneficios a pagar impuestos

Nuestras compañías soportan una presión fiscal 9 puntos mayor (49 puntos de media frente a 40) a la de sus pares europeas

Las empresas españolas dedican la mitad de sus beneficios a pagar impuestos
El dinero de la casilla de la Renta es el 0,7% de los impuestos de aquellos que la marcan libremente

Nuestras compañías dedican el 49,6% del beneficio bruto a pagar impuestos

La suma de impuestos pagados por las empresas en relación a su beneficio bruto (ingresos menos costes de explotación), muestra hasta qué punto las compañías españolas abonan un tipo efectivo realmente alto.

A día de hoy, y según el informe La factura fiscal de las empresas en España, del think tank Civismo, una empresa pequeña paga una factura fiscal cada año del 49,67% sobre su resultado bruto de explotación; una mediana, el 51%; y una grande, el 61,57%.

La conclusión: nuestras compañías soportan una presión fiscal 9 puntos mayor (49 puntos de media frente a 40, de media) a la de sus pares europeas, datos corroborados por la consultora PwC.

Como explica Javier Santacruz Cano en ‘El Economista’ este 25 de julio de 2017, la suma de todos los tributos que se abonan -cotizaciones sociales; sociedades; aduanas, aranceles e impuestos especiales; bienes inmuebles; actividades económicas; vehículos de tracción mecánica; y otros muchos autonómicos- propicia que, en el caso de una empresa mediana de 60 trabajadores con una cifra de negocio de 20 millones, y propietaria de varios activos afectos a su actividad, pague impuestos más que la mayoría de países europeos.

Solo Francia, Italia, Bélgica y Grecia, de entre las grandes economías, superan el tipo del 49% que calcula Civismo para nuestro país.

Y es que habitualmente, cuando se habla de los impuestos que paga una empresa se suele tomar en consideración únicamente Sociedades, dejando a un lado el resto de tributos presentes en los diversos eslabones de la cadena productiva.

En este sentido, Civismo distingue tres grandes grupos de tributos que en realidad recaen sobre la empresa: el impuesto de Sociedades, las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos regionales y locales.

De estos tres grupos, el más destacado es el pago de las cuotas patronales. En el caso de las pymes, esas cotizaciones suponen el 90% de toda la factura fiscal, porcentaje que se reduce hasta el 79% en el caso de las grandes corporaciones, y no tanto porque sufran menor fiscalidad, sino porque cobran más protagonismo el resto de impuestos. La carga, de hecho, se traslada al Impuesto de Sociedades, que pasa de representar un 6,03% de la factura total en una compañía mediana a suponer un 16,01% en las de mayor dimensión.

Tras sociedades y cotizaciones llega el tercer grupo de tributos, autonómicos y locales, que si bien en el caso español propician un impacto sobre facturación no especialmente relevante (del 0,7% respecto a la presión fiscal total del 49), genera gran confusión por la enorme normativa existente y los numerosos y constantes cambios legislativos.

La ‘confusión’ de Sociedades

A finales del pasado mes de enero, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro realizó unas declaraciones polémicas, acusando a las grandes empresas de pagar menos impuestos que cualquier ciudadano español.

A pesar de esto, el ministro se felicitaba por haber conseguido que las grandes corporaciones hubieran pasado de tributar un 3% por Sociedades cuando él fue nombrado ministro a pagar en torno a un 7-8% en la actualidad.

Sin embargo, esta visión no se corresponde con la realidad de las empresas. Concretamente, existen un fallo o malentendido que no ayuda a explicar cuál es la situación fiscal real de las empresas: Hacienda utiliza, para calcular el tipo de Sociedades el resultado contable antes de impuestos, sin tener en cuenta los importantes límites de deducibilidad de algunas partidas (amortizaciones, deterioros, bases imponibles negativas, entre otros) y la aplicación de normas para compensar créditos fiscales y doble imposición de dividendos de participadas en el exterior.

En resumidas cuentas: se utiliza una base imponible mucho mayor a la real de forma que, en apariencia, la porción que abonan las empresas en concepto de Sociedades parece mucho más pequeña de lo que en realidad es.

Una compañía que tiene que pagar 25 en concepto de Sociedades con una base imponible de 100 y un resultado contable antes de impuestos de 150, el tipo efectivo según el ministro Montoro sería del 16,6% cuando en realidad a la empresa no se le ha permitido deducirse 50. Por tanto, su base imponible es 100 y el tipo a pagar no es del 16,6%, sino del 25.

País Vasco, la mayor presión

Pese a que la presión fiscal sobre la empresa es de las más elevadas de Europa, lo cierto es que se aprecian diferencias importantes entre autonomías. Las pocas parcelas donde las regiones tienen competencias para legislar sobre tributos suelen usarse para subirlos.

En el caso de las comunidades de Régimen Común, la palanca de subir o bajar impuestos la tienen los ayuntamientos y, en algunos casos, las propias autonomías con impuestos ad hoc sobre determinadas actividades. Mientras, las comunidades de Régimen Foral tienen competencia incluso sobre Sociedades.

Así, en el ranking de mayor fiscalidad sobre la empresa se sitúan precisamente las dos comunidades de Régimen Foral, siendo la primera el País Vasco y detrás de ella Navarra. La última reforma del Impuesto de Sociedades de las Diputaciones Forales y del Gobierno navarro, dejó este impuesto con un tipo marginal general del 28%, y algo más reducido en casos de microempresas y pymes.

En este sentido, una gran industria vasca está pagando en impuestos totales 1,57 puntos porcentuales más del resultado bruto de explotación sobre la media nacional, mientras que otra gran empresa en Navarra ve incrementada su tributación total 1,1 puntos sobre la media del conjunto de la economía española.

Las diferencias regionales son notables conforme el tamaño de la empresa crece. De hecho, una buena parte de las legislaciones regional y local están pensadas para gravar a las grandes empresas de forma más que proporcional por su teórica gran capacidad de pago.

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