Ninguno de ellos ha tenido nunca una empresa. Ni siquiera ha cotizado como autónomo o sabe lo que es pagar el IVA, liquidar impuestos con la Seguridad Social o lidiar con los clientes.
Cuesta encontrar un ministro del Gobierno socialcomunista que haya trabajado de verdad unos meses.
Pero casi todos ellos, empezando por Pedro Sánchez, son muy amigos de lo ajeno.
La obsesión del Gobierno Sánchez por aumentar los ingresos públicos, a cuenta del sufrido contribuyente español, es una amenaza a la supervivencia de muchas empresas a las que les espera una subida, quizá insoportable, de las cotizaciones sociales.
El Ejecutivo prevé incrementarlas en un 2,8 por ciento, lo que supone un aumento de la presión ya ejercida por el nuevo salario mínimo interprofesional y coincide con algo más que un enfriamiento de la actividad económica, que ha provocado una reducción de los beneficios empresariales del 40 por ciento.
En vez de pensar en incentivos para que los empresarios, especialmente los pequeños y medianos -que son la fuente principal de empleo en España-, contraten más y contribuyan al descenso del paro, el Gobierno les aprieta las tuercas, como si su capacidad fiscal fuera inagotable. Esta es una consecuencia de las políticas de gasto público que la izquierda pone en práctica sin reparar en las consecuencias a medio plazo, como ya sucediera con Rodríguez Zapatero.
El anterior presidente socialista se enrocó en la inexistencia de crisis y cuando ésta se hizo presente, el gobierno del PSOE se lanzó a una carrera alocada de déficit y deuda públicos que aún se está pagando.
La perversión máxima del Gobierno es la de esconder esta apuesta por el fracaso tras un discurso de exaltación del Estado del bienestar y de la protección de las capas sociales más vulnerables.
Tanto aquel como estas son las primeras víctimas de los experimentos de la izquierda, incapaz de asumir las limitaciones que impone siempre la prevención de una crisis o, tras su llegada, la recuperación de la economía.
En paralelo, mientras el Gobierno no habla más que de subir impuestos y aumentar cotizaciones sociales, el otro mensaje al ciudadano es que no hay una correlativa reducción de gastos superfluos. Y ahí está, como prueba del doble lenguaje, el incremento de ministerios, altos cargos y asesores, cuyo coste puede ser poco relevante en el contexto general del gasto público anual, pero entraña un profundo desprecio por el sacrificio que se le exige a las familias y a las empresas con más impuestos y cotizaciones.
Estas políticas fiscales y «sociales» llevan aparejado un golpe letal a la cohesión social, porque lejos de elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos, reduce el de las clases medias, que reducen su consumo y dejan de servirse de sus prestaciones privadas para incorporarse a las públicas, generando así una espiral de nuevo gasto público insaciable.
Con el aumento de las cotizaciones sociales, el Gobierno pone en jaque a miles de empresarios y corta la esperanza de una mejora en la contratación laboral.
Al final, la izquierda busca una sociedad empobrecida y subsidiada y le repele que los gobiernos de centro-derecha de Madrid y de Andalucía dejen en evidencia su estrategia fracasada.
