Es de locos. La Audiencia Nacional ha respondido con un puntapié a Iberdrola en el caso del espionaje de Villarejo. No es que no haya atendido las peticiones de la eléctrica vasca es que el juez que lleva el caso, Manuel García-Castellón, ha puesto en el punto de mira a la entidad.
Sin una sola prueba.
En el fondo es una buena noticia para Galán: García-Castellón no tiene una sola prueba, ni un testigo fidedigno, en los que basarse para imputarle.
Eso sí, la justicia española ha convertido a una víctima de espionaje, como el presidente de Iberdrola, en acusado. Es como arrojar pájaros a las escopetas.
En su auto del jueves, deja sin embargo desguarnecida a la empresa y a su presidente, Ignacio Sánchez Galán.
En definitiva, alarga el ‘desangrado reputacional de la entidad’ seis meses más y coloca a la matriz en el disparadero. Respecto al espionaje a Galán y el archivo de la causa por prescripción, nada de nada.
Esa sensación de revictimización se acrecienta mucho más después de la filtración el viernes a los medios del vídeo de su declaración en la Audiencia Nacional
Desde la eléctrica insisten en que hay una “campaña de acoso” contra su presidente que tiene como fin “descabalgarlo” para que la compañía cambie de manos. El motivo, “su enorme valor internacional”.
García-Castellón tiene solo una prueba contra Galán. Prueba que solo tiene un problema: que es falsa. Con sentencia firme de falsedad de por medio.
Y para mayor abundamiento el único testigo no puede acreditar relación con el presidente Iberdrola. Lo único que se le ha descubierto ha sido un incremento de más de 40 inmuebles en su patrimonio sin poder justificar.
De la actuación de la Audiencia Nacional no deja de sorprender la desigualdad de trato de Galán con respecto a otros grandes empresarios que se han visto afectados en el caso, como son los presidentes de Repsol y de Caixabank, Antonio Brufau e Isidre Fainé, respectivamente.
Ambos fueron imputados, desimputados y la causa contra ellos fue archivada porque había prescrito.
Además, el juez se apoyó en la toma de estas decisiones en que sus responsables de Seguridad asumieron los hechos tal y como apuntaban las pruebas.
Galán está en el mismo caso pero el tratamiento ha sido diferente.
Llama la atención, también, el protagonismo que ha tenido las acusaciones del presidente de ACS, Florentino Pérez, para el sustento de la causa.
El también presidente del Real Madrid sostuvo sin pruebas que Villarejo lo había espiado por orden de Iberdrola. Y es que nunca pudo probar perjuicios. El lio es aún mayor cuando Villarejo anota que Florentino Pérez está obsesionado con Ignacio Sánchez Galán y que debe espiarle. Es como si arrojáramos pájaros a las escopetas.
La eléctrica tiene claro que el caso “no se sostiene”, ya que investiga hechos ya prescritos que se produjeron en 2004, sustentados en el testimonio de un testigo falso, apoyado en una prueba falsa. Además, la factura objeto de investigación no asciende a más de 25.000 euros, cifra ridícula si se compara, por ejemplo, con los 7.000 millones de inversión registrados en la última cuenta de resultados.
Es resumen, que Galán no va a ser condenado pero el sostenimiento del caso en el tiempo sí que provocará un daño evidente en la empresa.
El testigo clave es el ex empleado José Antonio del Olmo, ex director de Control de Funciones corporativas.
Era la última persona que daba el visto bueno a las facturas que le llegaban de diferentes departamentos.
Dice que informó a su superior de una supuesta factura irregular de una empresa de Villarejo, pero en la empresa no tiene constancia documental. Eso sí, dejó registrado ante notario el supuesto informe en cuestión para cubrirse las espaldas.
Desde Iberdrola insisten en que esa prueba es completamente falsa, reconocida y demostrada y Del Olmo, que ha sido recientemente condenado por el robo de documentación a Iberdrola, es un testigo protegido por intereses más que oscuros.
El asunto parece que está bastante claro: lo único que falta por dilucidar es durante cuánto tiempo se mantendrá en pie el teatrillo de la trama. Por lo pronto, la judicial tiene fijada su próxima parada el 27 de julio.
Oyen bien… 27 de julio.
Para entonces ya nadie se acordará de nada, ni los pájaros, ni las escopetas, y una vez más asistiremos a un auto de archivo como más del 80 % de los casos que pasan por la Audiencia Nacional.
