SICAM pide la paralización cautelar del SIP de la CAM, al estimar «injusto» el reparto de participaciones

El secretario general del Sindicato Independiente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (SICAM), Manuel Navarro Bracho, anunció que su gremio ha presentado hoy ante la subdelegación del Gobierno en Alicante un requerimiento por vía administrativa para que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) «paralice de forma cautelar» el Sistema Institucional de Protección (SIP) iniciado entre CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, al considerar «injusto» el reparto de participaciones entre las cuatro cajas.

Manuel Navarro hizo estas declaraciones en Alicante, durante una rueda de prensa en la que destacó que Cajastur «ha buscado una posición dominante de manera irregular» tras beneficiarse de «una inyección de dinero público» al fusionarse con Caja Castilla La Mancha (CCM) a través del Banco Liberta, algo que «le ha permitido contar con el 40 por ciento de la participación» en el nuevo banco que se creará, donde CAM tendrá un 40 por ciento, un 11 por ciento Caja Extremadura y un 9 por ciento Caja Cantabria.

Para SICAM, el peso que Cajastur recibirá en la nueva entidad es «injusto», al considerar que los 1.300 millones destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas de ahorros para facilitar la compra de Caja Castilla-La Mancha por Cajastur «supone un fraude», ya que implica que «el Banco de España saneara CCM» para que después se la quedara Cajastur.

Navarro calificó la operación entre Cajastur y CCM como «chollo» que permite a Cajastur «adquirir un tamaño mucho mayor para contar dentro del SIP con un 40 por ciento de participación», e indicó que «a pesar de que CAM aporta al SIP más del 50 por ciento del volumen de negocio», esta entidad «sólo tiene el 40 por ciento de participación en el nuevo banco».

Para Navarro, que Cajastur adquiera el 75 por ciento del negocio bancario de CCM, «saneado a cargo del Estado, sin pagar ni un solo euro por esos activos», es un hecho que «distorsiona la competencia», por lo que solicita a la CNC que «inicie e instruya los correspondientes procedimientos».

El secretario general SICAM señaló, además, que este requerimiento se dirige «contra el Banco de España» por «forzar el SIP» de CAM al utilizar la «intervención de la caja» como medida de coacción, y contra la Generalitat Valenciana «por incumplimiento de la Ley de Cajas de la Comunitat Valenciana» por el SIP.

REAL DECRETO LEY 6/2010

Por otra parte, Manuel Navarro Bracho, aseguró que el sindicato se muestra «contrario a los SIP» y al «Real Decreto Ley 6/2010» puesto que suponen «un ataque a las Cajas de Ahorros» encaminado a «convertirlas en entidades privadas que seguramente pasarán a manos de la banca».

Por este motivo, SICAM, junto a la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa) y la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC), ha presentado un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional al entender que los SIP «son contrarios al Derecho Comunitario europeo y a la Constitución Española» puesto que «no están regulados de modo exhaustivo, ni en su régimen jurídico, ni sus condiciones y procedimientos», generan una «lagunas legales grandísimas», «son contrarios a las Leyes de Cajas de las Comunidades Autónomas» y vulneran «la libre competencia, puesto que pretenden crear grandes grupos bancarios», lo que provoca una menor presencia de agentes en el mercado.

Ante esto, SICAM propone que se adopte en lugar del SIP, «la solución tomada en Alemania» para la unión de cajas de ahorro.

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