Tres de los sindicatos que representan a los trabajadores de las cajas de ahorros han interpuesto ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra las actuaciones del Ministerio de Economía y las autorizaciones del Banco de España a las fusiones virtuales de estas entidades.
En un comunicado, las organizaciones sindicales Asipa, FEC y Sicam sostienen que las fusiones virtuales o Sistemas Institucionales de Protección (SIP) «adolecen de importantes lagunas legales y de muchos defectos procedimentales» y buscan únicamente «convertir las cajas de ahorro en bancos privados».
La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam) consideran que «existe un claro peligro de adquisición de las cajas españolas (después de un modelo social y ejemplar de más de 130 años) no sólo ya por los bancos privados, sino incluso por inversiones extranjeras».
Además, critican que el Banco de España y el Ministerio de Economía «han convertido en regla general una figura que en la normativa comunitaria originaria que los creó (de 2006) se preveía sólo para casos especiales y excepcionales».
El recurso presentado por los tres sindicatos se suma al que interpusieron el pasado 14 de junio ante el Tribunal Supremo contra la normativa que dio vía libre a la constitución de SIP.
En la actualidad se han desarrollado cinco fusiones virtuales, entre las que destacan la encabezada por Cajastur-CCM y la CAM, junto a Caja Cantabria y Caja Extremadura; la liderada por Caja Madrid y Bancaja, junto a Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja, y Banca Cívica (compuesta por Caja Navarra, Caja General de Canarias y Caja Burgos).
A ellas hay que sumar la formada por Caja Murcia, Caixa Penedès, Sa Nostra y Caja Granada y la integrada por Caja Inmaculada, Caja del Círculo Católico de Burgos y Caja Badajoz.
