La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró este viernes que la reforma de la Ley de Cajas permitirá que estas entidades vean reforzada su solvencia, ya que podrán recurrir a la emisión de cuotas participativas y dar entrada al capital privado.
Salgado quiso destacar que el fin que persigue el Ejecutivo con la reforma de la Ley de Cajas es el «reforzamiento de nuestro sector de cajas, permiténdoles crecer y recapitalizarse».
Así, el Gobierno quiere que las cuotas participativas sean «atractivas» para potenciales inversores privados, si bien no podrán superar el 50% del patrimonio total de la caja.
En este sentido, la ministra de Economía dijo que cuanto más capital tengan las cajas mejor, puesto que dispondrán de más fondos y tendrán más capacidad para conceder más créditos y prestar más.
Salgado afirmó que todas las reformas que está llevando a cabo el Gobierno se adoptan para «estimular» el crecimiento y recuperar «nuestro crecimiento potencial».
«Nuestro sistema financiero ha soportado razonablemente bien el impacto de la crisis», aseguró Salgado, tras decir que los «stress test» que se publicarán en dos semanas pondrán de manifiesto la buena situación de las mismas.
La titular de Economía y Hacienda señaló que tras la reestructuración del sistema financiero, especialmente de las cajas, se ha reducido de manera considerable el número de entidades y eso es positivo.
GOBIERNO CORPORATIVO
Esta reforma, consensuada con el Partido Popular y con la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), pretende preservar la función social y los intereses propios de estas entidades, que van a fortalecer «nuestro ya de por sí sólido sistema financiero».
Otra de las metas de esta reforma es profesionalizar más los órganos de gobierno de las cajas. Así, los órganos de gobierno de las cajas serán la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. Además, según relató la vicepresidenta económica el plazo máximo de mandato se limitará a tres años.
Como novedad se van a crear dos nuevas figuras: la Comisión de Obra Social y la de Nombramientos y Retribuciones. La titular de Economía y Hacienda avanzó que los cargos públicos y electos sólo podrán nombrarse para la nueva Comisión de Obra Social.
Las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en dichos órganos de gobierno no podrán superar en su conjunto el 40% del total de los derechos de voto, frente al 50% vigente hasta ahora.
De este modo, para eliminar las interferencias políticas, se establece la incompatibilidad de los cargos políticos electos y de los altos cargos para ser miembros de los órganos de gobierno.
Pero las comunidades autónomas «van a seguir estando presentes a través de lo designado por el Parlamento», aseguró Salgado, quien admitió no entender que las comunidades puedan estar molestas.
También se establecen mayorías reforzadas en los órganos para las decisiones fundamentales de la caja, como la necesidad de mayorías de dos tercios para aprobar cambios en la naturaleza jurídica de la entidad.
