Las Cortes de Castilla y León han manifestado este martes en una declaración institucional su «apoyo, respaldo y solidaridad» con el sector de la minería del carbón después de la propuesta de la Comisión Europea de prorrogar las ayudas a explotaciones deficitarias no más allá de 2014 y han calificado este mandato de «inaceptable» ya que «condena al ostracismo económico y social» a comarcas «enteras» de la región.
En el comunicado, apoyado por los tres grupos de la Cámara y leído por el presidente del Parlamento regional a la conclusión de la sesión plenaria celebrada este martes, las Cortes enfatizaron su oposición a este plazo de cuatro años para el cierre de explotaciones que, han recordado, dan trabajo a «miles de personas» en León y Palencia que «en su mayoría no tendrían más salida que la emigración o el desempleo».
La postura anunciada por la Comisión Europea que debe ser ratificada por el Consejo de Ministros de Energía, según las Cortes regionales, «condenaría al ostracismo económico y social a comarcas enteras» no sólo de Castilla y León sino de otras zonas del noroeste español. Por ello, han enfatizado que de confirmarse la decisión sería también «inaceptable para los intereses del Estado español».
Por otra parte, las Cortes han mostrado su «preocupación» ante la demora de la convalidación del Real Decreto para dar preferencia a la producción eléctrica con carbón natural. «El retraso supone un durísimo revés cuyos efectos ya se perciben», pues según el texto condena a las empresas del sector minero a la «falta de liquidez» y a los trabajadores a la «máxima incertidumbre laboral».
El Parlamento regional ha mostrado su confianza en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defienda el sector del carbón nacional ante las instancias europeas con un empeño «acorde con la gravísima situación generada».
La propuesta de la Comisión Europea prevé que las ayudas al funcionamiento sean decrecientes en el tiempo con una reducción de al menos el 33 por ciento en un período de 15 meses hasta que, si la mina deficitaria no ha cerrado, el 1 de octubre de 2014 se tendrían que devolver al Estado. Asimismo, se retrasa hasta septiembre el dictamen sobre la propuesta del Gobierno de España para garantizar el consumo de diez millones de toneladas de carbón anuales mediante la producción de energía.
Para el Parlamento regional, según la declaración institucional tienen una «incidencia directa sobre el sector» que «hasta ahora era considerado estratégico por las autoridades europeas». En concreto, en la provincia de León se encuentra el 30 por ciento de la producción nacional, con 3.000 empleados directos y 12.000 indirectos.
