El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la liquidación de la participación de la ciudad en los tributos del Estado correspondiente a 2008, porque el Gobierno de Zapatero pretende que medidas como el «cheque-bebé» y la ayuda de 400 euros «al final las paguen los ayuntamientos y no es justo».
Así lo anunció este jueves en rueda de prensa el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, tras la reunión de la Junta de Gobierno, en la que explicó que estas medidas, al hacerse vía IRPF y no vía gasto, suponen una merma directa de la financiación local, sin compensaciones.
Según Cobo, la liquidación del presupuesto prevé la devolución del Ayuntamiento a las arcas estatales de 128 millones de euros en cinco años (25,6 millones al año); cifra que dijo que para el conjunto de entidades locales asciende a 1.515 millones de euros.
Indicó que de prosperar el recurso anunciado hoy, el Ayuntamiento pasaría de tener que devolver 128 millones a ingresar, al menos, 48 millones. «Esto es, reclamamos 178 millones de euros que indebidamente nos han descontado», manifestó Cobo.
Explicó que a nivel nacional, los ayuntamientos pasarían de tener que devolver un total de 1.515 millones a ingresar 543 millones.
Según el vicealcalde, la crisis económica y los beneficios fiscales, a través del IRPF, decididos por el Gobierno de la nación han provocado un descenso tan importante de los ingresos estatales que ha conllevado una caída también de la evolución de la financiación local cifrada en un 75%. Agregó que como resultado de esa mengua de ingresos del Estado, la financiación local definitiva de 2008 es inferior a la que se percibió ese año vía entregas a cuenta.
Prosiguió que, por ello, el Estado pretende ahora que se le devuelva la diferencia en un plazo de cinco años. Cobo indicó que, según los datos del propio Ministerio de Economía y Hacienda, se estiman en 12.560 millones de euros menos ingresados por el Estado en 2008; y afirmó que «el Gobierno central debe responsabilizarse de las consecuencias de las medidas fiscales que adopte».
A juicio de Cobo, el Estado podía haber dado ayudas como la de los 400 euros del «cheque-bebé» vía gasto, pero decidió hacerlo a través de beneficios fiscales en el IRPF, lo que supone una merma directa de la financiación local, sin haber adoptado ninguna medida compensatoria.
LEALTAD INSTITUCIONAL
Cobo explicó que el recurso contra la liquidación de 2008 se basa en dos principios: la lealtad institucional y la suficiencia financiera. Indicó que, pese a que los municipios no tienen establecido el principio de lealtad institucional en la Ley de Haciendas Locales, sí existe este principio como regla general de relación entre las diferentes Administraciones Públicas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Por ello, el Ayuntamiento cree que al haber adoptado la decisión de dar las ayudas vía IRPRF, el Gobierno central debería haber tenido en cuenta la totalidad de los intereses públicos implicados, de manera que a la hora de calcular la liquidación definitiva de 2008 debería haber descontando el efecto causado por sus propias decisiones fiscales.
En cuanto a la suficiencia financiera de las Haciendas Locales, recordó que está garantizada en el artículo 142 de la Constitución y concretada en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional; y dijo que en virtud de este principio, «que cobra especial relevancia en época de crisis económica», el Estado debe garantizar a la Hacienda Local los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.
