La Comisión Europea (CE) ha advertido hoy sobre los «largos periodos» que las pymes españolas se ven obligadas a esperar para cobrar de otras compañías o instituciones y ha confiado en que la nueva Ley de Morosidad resuelva la situación.
El Ejecutivo comunitario ha respondido así a una denuncia de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).
El vicepresidente de esta organización, José María Carrasco, intervino hoy ante los eurodiputados para alertar sobre la situación de miles de pymes y autónomos en España que sufren retrasos e impagos por su trabajo.
«Esto nos está llevando a la ruina», ha asegurado Carrasco, recordando el impacto que la crisis financiera ha tenido sobre el sector y el «drama» de muchos pequeños empresarios, que han perdido incluso sus viviendas que habían ofrecido como garantía para obtener financiación por parte de los bancos.
«La Comisión es consciente de los largos periodos de pago que tienen que esperar las pymes en el sector de la construcción y de otros», ha explicado la representante de la CE en la sesión.
Según Bruselas, la petición confirma algo que saben «todos», que la actual directiva que regula este ámbito «no ha brillado por su eficacia» y que la «morosidad es un problema en toda Europa».
Por ello, la CE propuso en 2008 una nueva norma que fue aprobada la pasada semana por el Parlamento Europeo y que sólo queda pendiente de la ratificación definitiva por parte de los Estados miembros, que desde entonces dispondrán de dos años para aplicarla.
En el caso concreto de España, la CE recuerda que el país transpuso «incorrectamente» la actual norma europea a través de una ley de 2004, pero celebra la Ley de Morosidad aprobada en junio de este año por el Congreso de los Diputados.
La norma «va más allá» de lo propuesto por Bruselas en la nueva directiva, ha reconocido la Comisión, al establecer a partir de 2013 un máximo de 60 días de plazo para los pagos entre empresas y de 30 días para los de la Administración.
A pesar de la opinión de la CE, la comisión de Peticiones del PE ha decidido hoy mantener abierto el expediente para verificar la correcta aplicación de esa nueva ley.
Así lo ha defendido el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz, quien ha considerado que con el «antecedente» de la directiva previa, «no se puede cerrar la petición hasta ver si se cumple».
En la misma línea, la también popular Teresa Jiménez-Becerril ha mostrado su escepticismo, recordando que en España «ni siquiera se hizo cumplir la ley cuando no iba tan lejos» como la nueva norma sobre morosidad.
La parlamentaria ha llamado la atención sobre la situación de «desesperación» que viven muchos pequeños empresarios.
Para la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción, la nueva Ley de Morosidad no resolverá lo fundamental del problema, pues por encima de los plazos, su gran preocupación son los impagos, según ha explicado su vicepresidente a Efe.
Junto a Carrasco ha viajado a Bruselas Manuel Romero, conocido como el «Quijote de Chiclana», según recordó hoy Jiménez-Becerril, por su campaña de denuncia de la situación de pymes y autónomos de la construcción.
