La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que España ha realizado «progresos notables» en la reforma laboral aunque advierte de que son necesarias nuevas reformas, como permitir a las empresas descolgarse de los acuerdos salariales en los convenios de su sector o simplificar el sistema de negociación colectiva.
En su última edición del informe ‘Apuesta por el Crecimiento’, la institución presidida por Angel Gurría reclama al Gobierno español que otorgue un mayor espacio a las empresas a la hora de decidir sobre los salarios y sobre otras condiciones laborales.
En concreto, apuesta por que los salarios sean «más sensibles» a la condiciones económicas y a las específicas de cada empresa, ya que, en su opinión, los acuerdos salariales no están lo suficientemente adaptados a estos hechos, lo que a su vez eleva el desempleo, especialmente en periodos de debilidad económica.
En esta línea, la organización considera «elevada» la indemnización por despido en el caso de los trabajadores indefinidos, lo que se traduce en un uso excesivo de los contratos temporales, que tiene efectos negativos en la productividad y en el desempleo en ciertos grupos de población.
Ante esta situación, recomienda una mayor reducción del coste de los despidos en los contratos indefinidos, considerar la creación de un contrato único con una indemnización por despido inicialmente baja, pero que vaya incrementándose de forma moderada en función de la permanencia en el puesto de trabajo.
Pese a todo, cree que la reforma del mercado laboral aprobada en 2010 facilita «de forma sustancial» las condiciones para que las empresas se descuelguen de los acuerdos de negociación colectiva de mayor nivel y permite que más despidos se consideren como justificados, lo que puede reducir «significativamente» los costes de despido y facilitar los contratos indefinidos con una indemnización reducida.
REFORMA DE LAS PENSIONES.
Asimismo, la institución también recomienda reducir los desincentivos a los trabajadores más antiguos para continuar trabajando, ya que los elevados impuestos a estos empleados contribuyen a que exista una edad de jubilación real «baja». Además, esto reduce la oferta de trabajo, especialmente en un periodo de envejecimiento de la población.
En este sentido, aconseja alargar aún más el periodo de 37 años recogido en la última reforma de las pensiones para cobrar completa la prestación por jubilación y recomienda relacionar la edad de jubilación y otros parámetros a la esperanza de vida.
La OCDE también reclama que se reduzcan los subsidios de desempleo que se pagan a los trabajadores antes de que reciban su pensión de jubilación y suprimir los beneficios a la jubilación parcial.
Por otro lado, también apuesta por reducir las «barreras regionales» a la creación de grandes superficies y califica de «restrictiva» la regulación de los grandes establecimientos de comercio minoristas que limita la entrada de nuevas empresas y la competitividad en el sector.
Por último, también defiende la necesidad de elevar el nivel educativo en la enseñanza secundaria, para la que reclama que se minimicen las repeticiones, lo que puede incluir ligar el paso a un curso superior a las competencias principales, o reforzar la autonomía de los centros en la contratación.
