Montoro cuenta en este punto con el apoyo incondicional de Javier Arenas, el candidato popular a presidir la Junta de Andalucía
La parodia del desmentido del Ministerio de Economía en la tarde del martes, para negar que el ministro Luis de Guindos hubiera cifrado en 4.000 millones de euros el recorte de gasto que el Gobierno aprobará mañana viernes no era una mera contradicción. Al contrario.
Tan singular rectificación responde a la duda que mantiene, a día de hoy, el presidente Mariano Rajoy, y a los puntos de vista diferentes que sostienen sus dos primeros espadas del Gobierno, el propio De Guindos y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Una duda hamletiana la del presidente, que se resume en: ajuste drástico desde ya o adelantar ahora algunas de las medidas menos drásticas y dejar los grandes sacrificios para el mes de marzo, después de las elecciones andaluzas.
Y explica José María Triper en ‘El Economista’ que ambas opciones tienen su justificación y sus porqués. Una, la de empezar fuerte desde el principio, de carácter económico; y de índole má político la del aplazamiento.
Distintas visiones
La primera tiene como abogado a De Guindos, quien defiende un recorte urgente, en enero, para evitar nuevas tensiones de los mercados.
El titular de Economía, que parece tiene el respaldo del jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, es consciente de que España tiene que refinanciar 50.000 millones de euros durante el primer cuatrimestre de 2012 y que los próximos vencimientos de deuda del Estado son en febrero y abril, por importes de 14.500 millones y 21.500 millones de euros, respectivamente.
Una dilación en la decisión de adoptar las medidas de ajuste necesarias para cumplir el objetivo de déficit podría sembrar fuertes desconfianzas en los mercados, que recrudecerían sus ataques contra la economía española, además de crear recelos en Alemania y Francia sobre la firmeza de España para cumplir sus compromisos, que fue una de los ejes del programa del Partido Popular y del discurso de investidura de Rajoy.
En el lado opuesto, Cristóbal Montoro se inclina por un recorte más suave, en torno a unos 2.000 millones en el Consejo de mañana, postergando la parte más dura, y por ende impopular, del ajuste para después de las elecciones autonómicas andaluzas a finales de marzo.
El titular de Hacienda es diputado por Sevilla, circunscripción por la que encabezó la candidatura del Partido Popular en los comicios del pasado 20-N, además de jiennense de nacimiento.
Sabe que los resultados de todas las encuestas dan mayoría absoluta al PP en Andalucía y no quiere dar argumentos al PSOE y a José Antonio Griñán que pudieran poner en riesgo el primer Gobierno popular en una comunidad autónoma que ha sido gobernada por los socialistas desde el inicio de la transición.
Las razones de la política
Montoro cuenta en este punto con el apoyo incondicional de Javier Arenas, el candidato popular a presidir la Junta y hombre también de confianza del presidente del Gobierno. Arenas necesita la mayoría absoluta a toda costa, porque la más que probable alianza entre PSOE e IU podría acabar con sus sueños de la Presidencia.
Porque, en Andalucía, hoy por hoy, es impensable una repetición de lo que ocurrió en Extremadura, donde la abstención de Izquierda Unida posibilitó el Gobierno popular de Jesús Monago.
Así pues, Rajoy se debate entre Andalucía y los mercados, aunque dirigentes del PP piensan que, incluso, con el adelanto de los sacrificios la victoria en los comicios andaluces no corre riesgo alguno.
La decisión se adoptará, probablemente, este 29 de diciembre de 2011, durante la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside el propio presidente del Gobierno.
El propio Rajoy destacaba el martes, al termino de la sesión inaugural de la X Legislatura, la importancia de del Consejo de Ministros de mañana vienes, en el que el Gabinete trasladará un «primer mensaje» de cuál será la política de austeridad y contención del gasto.
Sin embargo, el presidente del Gobierno no aclaró cuáles serán las cifras del ajuste para cumplir con el objetivo de déficit del 4,4% del PIB en 2012. Tampoco especificó si se detallarán las partidas de cada ministerio que se verán afectadas por el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria.
En lo que sí insistió es en que las medidas de ajuste de mayor peso se recogerán en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que quiere aprobar a lo largo del primer trimestre del año que está a punto de iniciarse.
Lo que sí parece seguro, al menos así lo afirman responsables del PP, es que en el decreto ley de medidas que aprobará mañana el Ejecutivo se incluirá la subida de las pensiones entre el 1 y el 1,5%, cuyo coste se estima en torno a 1.500 millones de euros , además de la congelación de los salarios de los funcionarios y un recorte de las inversiones del Estado.
