Será necesario modificar algunas costumbres» que no resultan «compatibles con una cultura competitiva
Es el primer debate del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia y se abre antes de que él y su equipo hayan tenido ocasión de sentarse a la mesa para empezar a trabajar sobre los problemas que padecen juzgados y tribunales.
Gallardón lanzó al aire la propuesta de habilitar el mes de agosto, y lo hizo eeste 3 de enero de 2012, durante el acto de toma de posesión de sus altos cargos y ante un público representativo de todos los profesionales que intervienen en la Administración de Justicia.
En caliente, la medida causó cierta sorpresa; con el transcurso de las horas, una vez meditada, ha tenido una acogida dispar y con reservas.
Como subraya Nieves Colli en ‘ABC’, el mensaje fue breve, conciso, y Alberto Ruiz-Gallardón dejó claro que se trata de «estudiar» la posibilidad de que los juzgados y tribunales funcionen a pleno rendimiento en el mes rey de las vacaciones de verano.
La medida parece acorde con el que será el eje central de su mandato: inversión, poca, como consecuencia de la crisis; y mucha gestión para optimizar los recursos disponibles.
Y, en esa línea, avanzó el ministro, «será necesario modificar algunas costumbres» que no resultan «compatibles con una cultura competitiva».
Una de ellas, el parón de agosto y la consiguiente retención en procedimientos judiciales de «miles de millones de euros que deberían estar destinados a la productividad y a la inversión».
En definitiva, permitir que el dinero se mueva y contribuir así a paliar la crisis.
Fuentes próximas a Ruiz-Gallardón han explicado que potentes multinacionales extranjeras han hecho llegar al Gobierno sus quejas por el parón judicial de agosto que, dicen, no se produce en otros países del primer mundo y que bloquea sus operaciones.
Uno de los primeros apoyos ha sido el del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien ha aplaudido la idea en la medida en que, a su juicio, la Administración de Justicia debe funcionar a pleno rendimiento todo el año, del mismo modo que funcionan otros servicios públicos esenciales como la sanidad o la seguridad.
De Rosa abogó por realizar un esfuerzo conjunto para agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales y por «cambiar» determinados hábitos con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
En el mundo de la Justicia, la reacción ha sido dispar. En general, quienes apoyan la medida piden que vaya acompañada de otras complementarias para evitar disfunciones.