Esta medida ya la han puesto en práctica Francia e Italia para frenar compras con dinero negro
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han cifrado en 1.000 euros el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno Rajoy estudia implantar para hacer aflorar el dinero negro, «ya que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales».
El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que solo con aplicarse esta medida de manera estricta «se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012».
Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1%, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no detalló cifras ni límites pero sí citó a Francia e Italia, donde el Gobierno de Mario Monti ha restringido a 1.000 euros el máximo que se puede pagar en metálico.
En su caso, la de diciembre fue la segunda bajada de este nivel, ya que en primavera sus antecesores ya lo habían reducido a los 5.000 euros y empezó 2011 en 12.000.
En Francia, el límite es de 3.000 euros entre profesionales y de 1.500 euros en el caso de pagos de salarios.
La ley, sobre todo, es muy restrictiva en el pago de los metales como acero, hierro, plata y oro
LA VICEPRESIDENTA
La vicepresidenta del Gobierno ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros de este 5 de enero de 2012, la vicepresidenta ha indicado que una de las novedades que incluirá el plan será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.
Sáenz de Santamaría ha destacado que esta medida ya la han puesto en práctica Francia e Italia para frenar compras con dinero negro, en las que se emplean billetes de gran cantidad.
El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
Asimismo, el Gobierno ha anunciado que trabajará para analizar «la información elaborada por países que han dejado de ser paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas holandesas».
Consumo eléctrico y tarjetas de crédito
Sáenz de Santamaría también ha adelantado que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores –que no especificó– más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.
En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.
La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas ‘antiabuso’ son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.
Se amplía el envío de borradores del IRPF
Asimismo, se potenciará la ‘autorregularización’ voluntaria, la ‘autocorrección’ de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención ‘on line’ de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas.
Concretamente, sobre la ‘autorregulación’ voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.
«Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude».
Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró «muy importante» para garantizar la «justicia y equidad» en el cumplimiento de las obligaciones tributarias:
«Porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde».
