Si quieren salvarse, deberán renunciar a parte de su autonomía fiscal
En un mapa plagado de comunidades que sufren problemas de liquidez, ellas son las más vulnerables. Si quieren salvarse, deberán renunciar a parte de su autonomía fiscal.
Con el año nuevo, el recién estrenado Gobierno español anunció que el déficit presupuestario de 2011 podría exceder el 8 por ciento del PIB (más de 2 puntos porcentuales por encima del objetivo inicial acordado con la Unión Europea del 6 por ciento del PIB).
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, culpó del grueso del exceso fiscal a las comunidades autónomas.
El déficit regional global fue del 2,7 por ciento, notablemente por encima del objetivo del 1,3 por ciento, mientras que el del Gobierno central apenas superó el 5 por ciento, frente al 4,8 por ciento acordado.
Si nos fijamos en la dinámica de la deuda, está claro que la crisis económica y financiera ha afectado más gravemente a nivel regional que central. Aunque la deuda del Gobierno central representa el grueso del total, la regional ha aumentado a un ritmo mucho más rápido.
Entre 2000 y 2011, la deuda autonómica ascendió un 100 por ciento, pasando del 6,3 al 12,6 por ciento del PIB, mientras que la central sólo aumentó marginalmente (0,6 por ciento) en el mismo periodo.
Entre las autonomías que se enfrentan a una situación más delicada destacan la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha, tal y como veremos más adelante.
‘Números rojos’ al alza
Desde 2007 se ha producido un grave deterioro de la dinámica de la deuda. Constante en gran medida durante la primera mitad de la última década, la deuda de las comunidades autónomas ha subido un 125 por ciento en los últimos cuatro años, con el agotamiento de los ingresos fiscales de origen inmobiliario tras el estallido de la burbuja y la acusada recesión económica, mientras que el gasto social ha aumentado drásticamente.
El deterioro de las finanzas públicas ha añadido problemas de liquidez a la mayoría de las regiones, especialmente preocupantes a la luz de los 9.000 millones de euros en amortización de obligaciones de 2012 sólo en las tres mayores comunidades.
Varios mercados autonómicos de obligaciones (en general, relativamente ilíquidos) están prácticamente congelados con los inversores preocupados por el deterioro de los perfiles de crédito de las regiones y su incapacidad para cumplir con sus objetivos fiscales.
Ello ha conllevado un acusado aumento de las primas de riesgo, lo que, a suvez, ha disparado el precio que pagan las autonomías por financiarse en los mercados. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendría que pagar entre un 14 y un 20 por ciento de intereses anuales si lo hiciese.
Las regiones también se encuentran bajo la presión del Gobierno central, que retira o retrasa unas transferencias vitales de fondos y que, según algunas autonomías, han ayudado a embellecer el rendimiento fiscal del Gobierno.
Por ejemplo, de los tres fondos principales (convergencia, suficiencia y garantía), sólo el 61 por ciento del total de 14.500 millones de euros adeudados el año pasado se había transferido a finales del tercer trimestre.
El Gobierno central ya detenta el poder para autorizar la emisión de deuda a largo plazo y, si las regiones no cumplen con los déficits fiscales fijados el año anterior, puede vetar los planes de emisión de deuda. En caso de un excesivo déficit, debe establecerse un plan de reequilibrio.
Curiosamente, y teniendo en cuenta que el requisito de autorización sólo atañe en gran medida a la deuda a largo plazo, se ha producido un marcado aumento en la emisión de deuda a corto plazo por las autoridades regionales.
Con las líneas de crédito aparentemente agotadas, las comunidades recurren cada vez más a medidas quijotescas para seguir a flote y que han resultado en un importante aumento de la deuda oculta, en concreto financiándose retrasando los pagos de bienes y servicios, dado el acceso restringido a financiación.
Según la Plataforma anti-morosidad, las empresas están cobrando con una media de 157 días de retraso (cerca del triple del plazo de pago legal).
Más morosidad
Farmaindustria, una asociación de empresas sanitarias, asegura que sus miembros están cobrando con un retraso de más de un año.
Estas deudas ocultas no sólo suponen un riesgo para el plan de consolidación fiscal acordado por la UE, además de añadir otros 30.000 millones de euros a la deuda del Gobierno central, sino que también ahogan a los proveedores locales de bienes y servicios o, lo que es lo mismo, a la economía real.
Otro motivo de preocupación son las más de 5.200 empresas de titularidad autonómica, que se calcula que presentan más de 25.000 millones de deuda no contabilizada en los libros oficiales.
En particular, el aumento de la deuda de las empresas públicas ha estallado en los últimos años y la creación de empresas públicas se ha utilizado de forma sistemática para exceder los límites oficiales de deuda establecidos por el Gobierno central.
Esperamos que la presión sobre el gasto autonómico siga siendo alta. El paro español se sitúa en el 21,5 por ciento y va a hacer falta mucho tiempo para que la economía desarrolle un nuevo modelo de crecimiento tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Los ingresos procedentes del impuesto de la renta y el valor añadido están abocados a reducirse más aún en los dos próximos años vista la frágil demanda doméstica, alta tasa de paro y confianza ultra- baja del consumidor.
Al mismo tiempo, los recortes regionales del gasto sólo pueden reducirse hasta cierto punto, dada la responsabilidad de las comunidades respecto al suministro de servicios básicos sanitarios, sociales, culturales y educativos.
A algunas autonomías les va a resultar más difícil que a otras mantener el déficit bajo control y cumplir con los objetivos fijados desde el Gobierno central.
Las que lo tienen más difícil
Las que ya presentan un déficit elevado, alta tasa de paro, un modelo empresarial basado en la actividad inmobiliaria durante los años del auge y no se han reorientado hacia la exportación, se enfrentarán a problemas a la hora de controlar sus presupuestos. Creemos que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-LaMancha presentarán las mayores dificultades de ajuste.
Incluso si la economía española acaba recuperándose de la crisis financiera y económica, y se encuentra un sustituto para los ingresos fiscales de origen inmobiliario, puede que siga siendo difícil controlar las finanzas públicas dado que el gasto relacionado con la edad está abocado a aumentar en vista de una dinámica demográfica particularmente desfavorable.
Por ello, los cambios estructurales al contrato financiero entre las comunidades y el Gobierno central, y la racionalización de los servicios públicos para mejorar la eficiencia, se harán inevitables.
En la España descentralizada, el Gobierno central sólo gestiona un 50 por ciento del gasto público y
el 30 por ciento del empleo público, mientras que el resto corre a cargo de las 17 comunidades, ayuntamientos y sistema de Seguridad Social.
Según la Constitución, las comunidades tienen derecho a la autonomía financiera «para el desarrollo y cumplimiento de su autoridad».
Sin embargo, gran parte del poder regulador en cuestiones
fiscales y de gasto recae en la Administración central. Aun así, el tesoro tiene prohibido por ley rescatar a las comunidades.
Es improbable que el Gobierno de España ofrezca una garantía explícita sobre la deuda autonómica, ya que eso contravendría a la constitución.
En vez de eso, esperamos que amplíe el puente de financiación a las comunidades, además de ofrecer otras medidas de refuerzo de la liquidez a cambio de reformas fiscales.
Estas medidas no aumentarán el déficit presupuestario global porque constituyen transferencias del centro a la periferia. Una garantía informal también podría convencer a los bancos de conceder préstamos a los gobiernos autonómicos.
De hecho, las notas de prensa sugieren que así ocurrió en diciembre, cuando la Comunidad Valenciana demoró el pago de 123.000 millones de euros una semana, alimentando las especulaciones de que el Gobierno español podría solicitar ayuda financiera a laUnión Europea/Fondo Monetario Internacional (que es nuestro caso base).
Al final, Valencia pudo financiar un préstamo mediante un adelanto de último minuto de un prestamista desconocido, después de que el Gobierno central hubiera ofrecido una garantía implícita.
El ‘default’, poco probable
Nos parece improbable que el Gobierno central permita que una autonomía caiga en el impago. Para empezar, las autonomías no presentan unas cargas gigantes de deuda (el índice medio de deuda/PIB era del 12,6 por ciento en 2011, aunque la cifra aumenta rápidamente).
Por ello, el alivio necesario sería muy limitado. Por otro lado, las primas de riesgo de otras comunidades más prudentes fiscalmente podrían subir también, lo que provocaría un efecto dominó.
Más aún, una quiebra trastornaría seriamente la prestación de servicios básicos, como la sanidad y educación, que son responsabilidad de las comunidades, y supondría un alto precio que pagar sólo para que aprendan la lección.
Por otro lado, la gran mayoría de las regiones están gobernadas por el Partido Popular de Rajoy, por lo que la solidaridad entre el centro y la periferia debería ser elevada y el impago o reestructuración resultaría políticamente inaceptable.
¿Más centralización?
En lugar de un alivio a la deuda, en nuestra opinión el aumento del control central del gasto es clave para reforzar la confianza de los inversores y enderezar las finanzas públicas hacia un camino sostenible. El nuevo Gobierno debería poder disciplinar las finanzas regionales, dado que su partido controla once de las 17 comunidades.
En general, esperamos que las comunidades autónomas renuncien a parte de su autonomía fiscal. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, y otras dos regiones, han ofrecido recentralizarse y otorgar más responsabilidades, como la provisión de atención sanitaria y educación, al Gobierno central.
Además, el ministro de Economía anunció en el cambio de año la introducción de una nueva ley que otorgará al Tesoro y el Ministerio de Economía una herramienta adicional para controlar y ajustar si hace falta los presupuestos autonómicos.
Mirando hacia delante, el gasto público autonómico estará sujeto a unos techos estrictos y la aprobación del Gobierno central será necesaria antes de que las comunidades puedan adoptar un presupuesto, permitiendo un mecanismo de control a priori para garantizar el cumplimiento fiscal subnacional.
En caso de que se produzcan excesos presupuestarios, las comunidades se enfrentarán a sanciones económicas y recortes automáticos del gasto. La propuesta se enfrenta a una oposición acérrima de varias comunidades, ya que restringe sus poderes autonómicos.
Cataluña, donante neta de fondos de transferencia, ha llegado a solicitar más autonomía en asuntos fiscales y ha advertido de que las tendencias separatistas aumentarán si el Gobierno central no accede.
Sin embargo, la crisis fiscal a nivel regional demostrará probablemente ser una oportunidad para el PP para empujar cambios en el presupuesto regional, reduciendo la autonomía de las regiones en asuntos fiscales.
