Entre las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, la laboral ha sido, sin duda, la de mayor calado y la que ha tenido mejor aceptación en Europa y los mercados, y mayor contestación entre los partidos de izquierda y sindicatos.
Desde el primer momento, CC OO y UGT han tratado a toda costa de echarla abajo, no porque sea mala para la economía española, sino porque introducía dos elementos que suponían un torpedo en la línea de flotación que podría poner en tela de juicio su propia existencia: de una parte, la descentralización de la negociación de los convenios colectivos, y de otra, la ampliación a centros y entidades de formación acreditados de la tarea de formación profesional y continua para el empleo.
La primera les venía a restar protagonismo, y la segunda, recursos, al perder la exclusiva que disfrutaban junto con la CEOE para la formación de los trabajadores, lo que suponía una merma importante en su principal línea de financiación.
Pero el Gobierno ahora quiere mejorar su proyecto y se dispone a reestructurar por completo la formación profesional de los trabajadores en España dejando fuera a sindicatos y patronal.
El objetivo del Ejecutivo de Rajoy es poner punto y final a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, organismo de titularidad pública, que pilota el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en el que se sientan el Gobierno, la CEOE y los sindicatos, y que el año pasado estuvo dotado de 3.013 millones de euros, procedentes de las cuotas de Formación Profesional (1.980 millones), del Servicio Público de Empleo Estatal (934 millones) y del Fondo Social Europeo (100 millones).
La idea que baraja el Gobierno es que toda la financiación de la actividad de formación se privatice y se reparta entre sociedades independientes y debidamente acreditadas y prescindir de los servicios de CEOE, CC OO y UGT, las tres organizaciones que hasta el año pasado recibían la mayor parte de los fondos.
El cambio no es caprichoso y responde a criterios de transparencia y, sobre todo, de eficiencia. Se trata de una cantidad de dinero muy importante que escapa al control del Gobierno.
De hecho, la última auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de estos fondos data de 1997, cuando estaba bajo el paraguas de la Fundación para la Formación Continua (Forcem) y arrojaba grandes sombras sobre el destino final de los recursos.
Además, los resultados en materia de empleo han sido muy escasos, por no decir, nulos. Una labor ineficaz que, además, siempre ha estado bajo sospecha, por entenderse que se trataba de la principal fuente de financiación sindical.
Sea como fuere, lo que sí está claro es que la medida supondrá un contundente varapalo para las cuentas de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO.
Al cerrárseles esta fuente de ingresos, quedarán en una situación muy complicada y con serios problemas de identidad, porque ¿qué razón de ser tienen CC OO y UGT sin negociación colectiva y sin formación?
De momento, estos niños mimados de los Gobiernos socialistas, que se han convertido con el paso de los años en una casta inoperante y parasitaria que vive de los Presupuestos, corren el riesgo de convertirse en algo prescindible e intrascendente, lo cual es una excelente noticia.
Ahora, si quieren subsistir, tendrán que reinventarse y hacerlo con las cuotas de sus socios, pero no con el dinero arrebatado a la fuerza a todos los contribuyentes.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’
