La próxima oleada de ajustes pasa por las privatizaciones de empresas públicas, sobre todo, autonómicas y locales, en un nuevo esfuerzo por reducir costes y recortar la deuda de las Administraciones.
Aunque la situación de los mercados y los obstáculos de acceso a la financiación de potenciales compradores están dificultando los planes, el Ministerio de Hacienda presiona para acelerar la entrada de capital privado en empresas de titularidad pública que operan en un amplio abanico de sectores, desde la gestión del agua, a los servicios de limpieza, las empresas de gestión de ocio o de instalaciones deportivas.
Fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que el Estado va a apremiar a los ayuntamientos y autonomías a que lleven a cabo la venta de sus empresas públicas más rentables.De hecho, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, aseguró en una entrevista a La GACETA hace una semana que la intención era prescindir de entes de «gestión de aguas, de residuos, recintos deportivos, etc».
Precisamente en ese último apartado podría incluirse el Club de Campo de Villa de Madrid, propiedad del ayuntamiento de la capital y cuyas instalaciones podrían ser muy codiciadas por empresas del sector del lujo debido a su campo de golf, hípica y pádel.
En los planes de ajuste presentados por los consistorios de toda España para poder acogerse al Plan de Pago a Proveedores, los ayuntamientos han concretado ya medidas tanto en la línea de la privatización como en la del cierre de algunos entes municipales -el objetivo es que desaparezca un 20%- con los que se llegará a ahorrar más de 16.300 millones entre 2012 y 2022. Para alcanzar esa cifra también tienen previsto renegociar los contratos de limpieza y mantenimiento de muchas instalaciones.
En el capítulo de ventas, el Gobierno ha pedido a las corporaciones locales que realicen un inventario para poder ver cuáles son las empresas públicas susceptibles de ser disueltas y, especialmente, cuáles son los activos con los que cada uno de esos entes cuenta para venderlos por separado si las empresas a las que están adscritos no pudiesen ser privatizadas.
De hecho, aunque la potestad de dar entrada al capital privado en las empresas bajo control autonómico y local está en manos de estas Administraciones, los planes de ajuste forzados para poder acceder al mecanismo de pago a proveedores y los planes económico-financieros de las autonomías para cumplir con el objetivo de déficit aumentan la capacidad de presión del Gobierno para reducir un sector público empresarial sobredimensionado.
En enero, las comunidades autónomas se comprometieron a reducir 514 entes públicos para fin de año. A finales de febrero habrían suprimido 126.
Algunas, como la Comunidad de Madrid, avanzan en su plan de privatización del 49% del Canal de Isabel II, que además ha sido pionera en la gestión privada de los hospitales, a la que ahora se suma la Comunidad Valenciana.
En Cataluña, los planes de privatización del Gobierno de Artur Mas comenzaron con los presupuestos de 2011 y continuaron en los de 2012.
En el punto de mira está obtener 1.850 millones de euros en cuatro años. La Generalitat ya sacó a la venta 26 edificios de su propiedad, aunque no ha cerrado todavía la operación.
También está a la venta el 90% de Edificis i Equipaments de Catalunya, una empresa pública heredera de la antigua ICF Equipaments, que se dedicaba a construir y explotar equipamientos públicos como escuelas o ambulatorios, informa Xavier Grau.
Pero las principales empresas susceptibles de privatización, según los planes del Gobierno de Artur Mas, son Tabasa (Túneles y Accesos a Barcelona), que explota el túnel de Vallvidrera, principal vía de comunicación entre la capital catalana y la comarca del Vallès Occidental.
También podría privatizarse el Túnel del Cadí y Aigües Ter-Llobregat (ATLL), empresa que suministra de agua a las empresas de distribución del área metropolitana de Barcelona (básicamente Agbar). El capital privado también es bienvenido en la ACA (Agencia Catalana del Agua), aunque su delicada situación financiera lo hace poco probable.
Cataluña prevé eliminar 64 de las 275 empresas públicas de la Generalitat. Algunas por eliminación, otras por fusiones, y otras por privatizaciones.
El Gobierno balear también tiene al sector sanitario en el punto de mira de las privatizaciones dentro de un plan de ajuste de 347 millones de euros que contempla la suspensión del Consejo Económico y Social, la venta de patrimonio público y la entrada de capital privado en la radiotelevisión autonómica IB3.
De hecho, el Gobierno dio vía libre a la privatización de las televisiones autonómicas con su decreto del 20 de abril. Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha podrían ser las primeras en cambiar su modelo de gestión, si encuentran inversores.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’