Solo en dietas de los 154 consejeros que se quedan fuera con la supresión de ese número de entidades públicas, el Ejecutivo central se ahorra un millón de euros al año
«Esta casa quedará ordenada», sentenció el pasado 16 de marzo de 2012 la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sala de prensa de La Moncloa.
Como explica Erika Montañés en ‘ABC‘, el Consejo de Ministros acababa de aprobar meter la «tijera» al sector público empresarial y fundacional estatal que, entre otras medidas inmediatas, suponía la extinción de 24 empresas públicas, la desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, además de la fusión o supresión denueve fundaciones.
Sáenz de Santamaría no pudo ser más explícita en sus ejemplos:
«En algunos casos había más miembros del Consejo de Administración que personal trabajando para el sector público, al que se destina parte del dinero del contribuyente».
En el listado de esas empresas que seguían recibiendo aportaciones del Ejecutivo central hay espacio para casos muy llamativos como la empresa Carmen: la comida de España 1992, que era una empresa destinada a fomentar la tortilla española, Barcelona Holding Olímpico, que todavía se mantenía, o la Sociedad de Altos Hornos AEC.
Solo en dietas de los 154 consejeros que se quedan fuera con la supresión de ese número de entidades públicas, el Ejecutivo central se ahorra un millón de euros al año.
