Y para no perder un euro y antes de que se descubiera del todo la tostada, los desvergonzados ordenaron 'ipso facto' que se pagasen 1,6 millones a Caser
Como subraya F.D. González en ‘El Mundo’, la única prioridad que tenían los 13 caraduras reunidos el 30 de marzo de 2011 en la la sexta planta de la sede central de la Caja del Mediterráneo (CAM), en Alicante, era garantizarse el superplán de pensiones vitalicias que llevaban años organizando. Todo lo demás era secundario y accesorio.
Y es que mientras la asamblea de CAM decidía su destino en un cónclave crucial (tenía que aprobar la fusión con CajAstur, sabiendo que la operación iba a saltar por los aires por la tarde por el rechazo del grupo asturiano, Caja Extremadura y Caja Cantabria, lo que abocaba a la entidad alicantina a la intervención), María Dolores Amorós y otros 12 directivos rubricaban el contrato con la compañía Caser para asegurarse el cobro de sus millonarias jubilaciones.
Alguna de estas rentas para toda la vida llega a los 345.000 euros anuales, como la del ex director general Roberto López Abad, ahora imputado por estafa en el caso CAM que investiga la Audiencia Nacional.
Y para no perder un euro y antes de que se descubiera del todo la tostada, los desvergonzados ordenaron ‘ipso facto’ que se pagasen 1,6 millones a Caser para cerrar definitivamente el programa de pensiones vitalicias, que llega a 29 millones.
Sólo 48 horas después, la CAM pidió al Frob 2.800 millones para asegurar su supervivencia tras quedarse compuesta y sin novio.
Algunos de los ejecutivos que iban a pasar a cobrar millonarias pensiones (Gabriel Sagristá, Joaquín Meseguer, Vicente Soriano y Daniel Gil) se habían prejubilado antes de que se rubricara el contrato final con Caser en marzo de 2011.
Para que éstos pudieran beneficiarse también de la nuevas cuantías de las rentas, debían acreditar que estaban trabajando en CAM en el momento de cerrarse el acuerdo con Caser.
Como salieron de la caja en febrero de 2011, antes del acuerdo definitivo con la aseguradora (marzo de 2011), se decidió maquillar los documentos y certificar que la póliza de Caser se había cambiado y firmado en noviembre y diciembre de 2010, cuando realmente se hizo en marzo de 2011.
Una vergüenza, que debe tener serias consecuencias.
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