La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera aprobó en el día de ayer, 13 de septiembre de 2012, los presupuestos municipales para el corriente año, que ascienden a 66,329 millones de euros. Los gastos previstos suman 57,091 millones de euros, lo que genera un superávit de 9,2 millones de euros.
El anuncio fue hecho por la portavoz municipal, María Rodríguez, quien compareció en conferencia de prensa acompañada por el concejal de Economía, Arturo Castillo.
Castillo confesó sentirse satisfecho ya que «por primera vez» el informe de intervención «es favorable al presupuesto», algo que con los anteriores gobiernos socialistas no sucedió nunca, asegura.
El concejal detalló los pilares del informe de intervención, que especifica que con el superávit de 9,2 millones de euros «saneamos el déficit que teníamos de años anteriores», y recordó que en el año 2009 los socialistas dejaron un déficit presupuestario de 20 millones de euros, «que es lo que ha provocado la delicada situación del Ayuntamiento de los últimos años».
Según Castillo este informe constata tres aspectos presupuestario básicos, como son el saneamiento el déficit heredado, cumplir con el plan de equilibrio presupuestario y ajustar las cuentas al plan de viabilidad elaborado en su momento.
El presupuestario se aprobará definitivamente en un pleno del Ayuntamiento que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre.
Incumplimiento
La política de comunicación de los populares de Talavera sigue basada, o mejor dicho anclada, en sus críticas a los socialdemócratas por la situación económica (hablan de bancarrota) en que dejaron la Corporación cuando en 2011 perdieron las elecciones.
No obstante, una vez más hay que recordar a los populares, como ya se hizo en abril de este año en estas mismas páginas (https://www.periodistadigital.com/talavera/opinion/2012/04/28/chismes-y-descreditos.shtml) que el alcalde, Gonzalo Lago, el 13 de junio de 2011 en conferencia de prensa aseguró haber encargado al concejal de Economía y Hacienda una «auditoría» del Ayuntamiento para «conocer mediante un estudio riguroso, el estado de las cuentas, ingresos y gastos del año 2011 hasta ahora, más la liquidación del presupuesto del año 2010». Asimismo, el concejal encargado del estudio, aseguró que estaría en un plazo de dos meses, es decir sobre el 13 de agosto, y que ésta se haría «sin ayuda exterior». Posteriormente, en diciembre de 2011, el ex portavoz municipal, hoy subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio aseguró que el Ayuntamiento había contratado los servicios de la consultora Buhaira para hacer un plan de saneamiento económico financiero, y que complementariamente, y como institución independiente, valoraría los resultados de la auditoría interna y redactaría el informe pertinente.
Ya en abril de 2012 lo populares reiteraron nuevamente las numerosas deudas que habían dejado los socialdemócratas del PSOE cuando perdieron las elecciones municipales de 2011. De nuevo Lago se refirió a los 25 millones que en 2008 figuraban en el activo de la Corporación y que según él, cuando llegaron al gobierno, ya no estaban: «Habían desaparecido», dijo. También nuevamente volvieron a acusar a los socialdemócratas de haber «engañado y hacer demagogia barata» y se preguntó acerca de qué había hecho el anterior concejal de Economía y Hacienda que dejó 3.300 facturas sin pagar en junio de 2011.
Parecidas argumentaciones, ya casi monsergas, siguen escuchando hoy día los ciudadanos de Talavera después de año y medio de gobierno popular. Así pues la pegunta que muchos ciudadanos se hacen es dónde esta esa auditoria que deje al descubierto esa mala gestión e incluso irregularidades cometidas por los anteriores gobernantes, y que al mismo tiempo de certidumbre a las continuas acusaciones que han venido vertiendo contra los socialdemócratas. Nadie está dispuesto a creer en todas las afirmaciones que se han vertido hasta la fecha sin que haya pruebas de por medio. Esto es básico, imprescindible, y hasta la fecha estas pruebas no se han presentado. Todo lo que conocemos por lo tanto son declaraciones sin confirmar de los actuales gobernantes, pero que carecen de absoluta credibilidad y podrían enmarcarse en el capítulo de «bulos».
Decíamos en abril pasado que»hasta ahora lo único que los ciudadanos pueden hacer es confiar en la buena fe del equipo municipal». No obstante hoy eso ya no vale: ha transcurrido demasiado tiempo para mantener una actitud acusadora sin presentar ni una sola prueba fiable.
De prolongarse esta situación habrá que comenzar a pensar que quizá la secreta auditoria refleje una realidad económica que se aleja mucho de lo que hasta ahora nos han querido hacer entender los populares. Quizá, podría pensarse, estamos frente a una gran mentira, cuyo fin es justificar, como se ha dicho en muchos foros, una política contraria a los intereses de los ciudadanos y siempre favorable a la nomenclatura institucional y los siniestros personajes que se adhieren a ella. Todo ello en un indecente juego, más propio de granujas que de legítimos representantes populares.
