El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) dispondrá de poco más de 2.000 millones de euros después de las peticiones formuladas por Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que ya han solicitado casi 16.000 de los 18.000 millones con los que dotó el Gobierno a este mecanismo.
La Comunidad Valenciana fue la primera en confirmar que acudiría al fondo de liquidez para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012 y atender el pago de algunos proveedores, como las farmacias. Aunque en principio cifró en 3.500 millones el montante que necesitaría, más tarde añadió otros 1.000 millones para hacer frente a otros conceptos.
Murcia fue la segunda región en admitir que necesitará ayuda del Estado para refinanciar su deuda en condiciones más ventajosas que las que imponen los bancos. Según detalló el Ejecutivo regional, la comunidad necesitará 278 millones a principios de octubre y otros 362 a finales de año.
Más tarde, Cataluña anunció que pediría ayuda del Fondo de Liquidez por un total de 5.023 millones de euros, una petición que ha formalizado esta misma semana a través de una carta remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
También la Junta de Andalucía ha apuntado que «muy probablemente» acudirá al fondo de ayuda del Estado, al que pediría, en el caso de que finalmente confirme su petición, un total de 4.906,8 millones de euros, según ha señalado esta semana su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Castilla-La Mancha ha sido la última en hacer pública su intención de pedir fondos del mecanismo de liquidez por un total de 800 millones, aunque han defendido que esta ayuda no implica un «rescate» ni supondrá «nuevas condiciones ni más recortes» para la comunidad.
AGOTADO EL 88%
En total, las cinco comunidades pedirán al fondo más de 15.800 millones, lo que supera el 88 por ciento del total previsto inicialmente a falta de que otras regiones decidan si requieren o no la asistencia del Estado para financiarse. Sin embargo, el Gobierno dejó claro que la cifra final del fondo dependerá de las cantidades que requieran los gobiernos autonómicos.
Las comunidades que decidan adherirse al fondo tendrá que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, además de presentar al Gobierno un plan de ajuste e informarle puntualmente de sus correspondientes ejecuciones presupuestarias.
