La naturaleza trascendental de las actuales propuestas y debates de Washington en torno a la forma de abordar «la brecha fiscal» dan una idea de la situación del país a nivel económico.
En los dos primeros meses del ejercicio fiscal 2013, que finaliza el 30 de septiembre de 2013, el gobierno federal ha incurrido ya en un déficit de 292.000 millones de dólares. Nuestros supervisores de Washington van camino claramente de acumular el quinto año consecutivo de déficit superior al billón de dólares. Antes del ejercicio fiscal 2008, el déficit por ejercicio más elevado registrado nunca fue de 455.000 millones.
Los descubiertos en las cuentas federales registrados durante los meses de octubre y noviembre de 638.000 millones de dólares fueron un 16% superiores a los registrados durante los dos mismos meses del ejercicio 2011, y la friolera de un 52% superiores a los de octubre y noviembre de 2007. Los réditos de esta tenue recuperación, si es que se puede llamar así, son menos del 10 por ciento.
A fecha del lunes, 17 de diciembre, la deuda nacional era de 16,35 billones, 5,7 billones más en los 35 meses transcurridos desde que fue investido Barack Obama. La porción de la deuda nacional conocida como «deuda pública», que en realidad es la deuda en manos de cualquier entidad que no forma parte del Estado pero que abarca a los países extranjeros y los demás titulares, es de 5,25 billones de ese importe.
Una porción significativa de esos 5,25 billones está en manos de la Reserva Federal de Ben Bernanke, que muchos no se dan cuenta de que no forma parte del Estado. La Reserva es más bien un grupo de 12 entidades bancarias regionales, siendo cada una «una corporación legalmente independiente propiedad de los bancos comerciales de su región».
Al no producir bienes o servicios, las entidades regionales y la propia Reserva carecen de cualquier capacidad inherente de extinguir la deuda pública y los demás títulos que adquieren a nuestro manirroto Estado.
En el marco de este peligroso juego, el presidente de la cámara baja John Boehner y el Presidente Obama andan frenéticos pensando si subir los impuestos a las rentas superiores al millón de dólares — o los 400.000, o los 250.000, o lo que sea.
Más allá del peligroso juego de que cualquier subida tributaria a nuestros ciudadanos más productivos desacelera una economía de lento crecimiento que ya está dando indicios de frenar y que no está generando empleo, las cantidades recaudadas van a ser calderilla inferior al 10% de la cantidad necesaria para cerrar esos agujeros fiscales (son «agujeros fiscales», pero el Estado lleva casi cuatro años sin aprobar unos presupuestos).
¿Dónde están los recortes del gasto público? O dicho de otra forma, ¿dónde están las reducciones del futuro gasto? Una circular de Associated Press la mañana del pasado miércoles acerca de los planes del Presidente de vetar el llamado «Plan B» de los conservadores decía que el Presidente vetará el plan si tiene oportunidad — algo que en el mundo real no sucederá porque el líder de la mayoría en el Senado Harry Reid no va a dejar que un proyecto de ley al que se opone Obama llegue tan lejos — porque «la reducción del déficit producto del `Plan B’ es mínima y no ofrece ningún recorte del gasto».
Ha leído usted bien. Los que nos han provocado déficits multibillonarios por doquier ahora se sitúan a la derecha de la cámara baja republicana.
¿Es correcto lo que dice Obama? Bueno, Erick Erickson escribe en el blog RedState:
«Lo más significativo del plan conservador es que no dice nada de recortes del gasto».
El editorial de la mañana del pasado viernes en el Wall Street Journal identifica lo que solamente puede tacharse de tantear los límites del problema alterando la forma en la que se calculan los impuestos y los gastos sociales, y nos dice que todo va camino de seguir igual:
«Subidas tributarias y subidas del gasto a cambio de promesas de hacer recortes y bajar impuestos y reformar lo social más adelante»
Estamos muy lejos de los tiempos en los que lo de siempre funcionaba. La tesitura económica del Estado es hoy el equivalente funcional a una familia que gana 27.000 dólares al año, gasta 38.000 y tiene una deuda aparte de la hipoteca de 160.000.
La principal diferencia entre la familia y el Estado es que mientras que la familia estaría pagando un 10% de intereses por las deudas, el Tío Sam sale airoso pagando menos del dos por ciento. Ah, y el Tío Sam puede seguir endeudándose, mientras que el acceso a cualquier crédito de la familia desaparecería casi seguro.
Incluso si la familia del ejemplo solamente pagara el dos por ciento de interés de la deuda, sus cuentas seguirían considerándose insalvables sin cambios importantes.
El Plan B conservador es el equivalente a la familia que dice a su banco, que quiere embargarlos, que «solucionará» su problema haciendo que uno de sus miembros encuentre un trabajo de 100 dólares al mes y cancelando los canales de cable y despidiendo al jardinero — eso ya dentro de un año. A lo mejor. Siempre que les venga bien.
Una propuesta así enviaría a la familia a un tribunal de cuentas, dado que se entendería que la familia no tiene ninguna intención de pagar sus deudas. El plan conservador no es mucho mejor, y augura lanzar a las agencias de crédito a una carrera por bajar la calificación de la deuda.
No me entienda mal, lo que quieren Obama y su partido tampoco es serio — la seguridad social no se toca, las pensiones no se tocan, ningún otro derecho social se toca. Pero el hecho es que puede decir con razón que «sus soluciones» hacen más que demostrar lo estrepitosamente que ha fracasado el plan de los conservadores.
No es raro que los conservadores genuinos anden en pie de guerra. Deberían.
Tom Blumer es economista y presidente de su propio fondo de desarrollo. Organiza seminarios de economía y talleres para profanos.
