Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del PP atribuida a su extesorero Luis Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política.
Así consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que se detalla la existencia de «19 donantes identificados», entre los que se encuentran los nueve imputados por el juez Ruz.
De ellos, 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral.
LO QUE DICE EL MINISTRO
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desmentido «tajantemente» que la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya redactado un informe en el que se vinculan las donaciones al PP por parte de empresas que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’ con la adjudicación de contratos a esos donantes.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Fernández Díaz ha recordado que cuando la Policía actúa como policía judicial, como en el caso de la investigación de los documentos del extesorero del PP, «está a las órdenes del juez y no del ministro del Interior».
Pero, en cualquier caso ha asegurado que no le consta que haya ningún informe de la Policía que «establezca una relación de causa efecto entre una cosa y la otra (las donaciones y los contratos)».
LO QUE DICE EL ‘INFORME’
En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la Udef aprecia «una continuidad en las aportaciones» durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe «una concentración (de aportaciones) en un momento determinado» que suele coincidir con el de «mayor volumen de contratación».
Además de los anteriores, la Udef identifica como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa), Pablo Crespo (Special Events) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la Udef, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP.
Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio. El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones. FCC Construcción, sociedad presidida por José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que se atribuyen entregas al PP por valor de 165.000 euros.
Según el informe de la Udef, las administraciones populares le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones populares, lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.
Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos ‘populares’.
Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros. Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos populares. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros.
El Grupo Empresarial Sando, por su parte, recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones.
El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).
El informe de la Udef apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma «persistente» en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.
Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales «en ingresos en la cuenta de donativos anónimos» del PP «dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior».
La intención, según la Policía, era conseguir que fuera «imposible» verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación.
«Se transformaban en ingresos diluidos», indica a este respecto la Udef. En el marco de esta pieza separada del caso Gürtel, el juez Ruz ha llamado a declarar como imputados a Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama ‘Gürtel’), que están citados el día 29.
