El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado el 8 de mayo de 2013 que el Plan Nacional de Reformas no incluye medidas «ambiciosas» en el control de la economía sumergida y la mejora de la eficiencia del gasto público durante los próximos cuatro años.
Gestha ha indicado que la única medida nueva para 2013 en la lucha contra el fraude es la creación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, puesto que las personaciones de inspección y recaudación «no suponen ninguna novedad».
Los técnicos reconocen, sin embargo, que la Ley antifraude aprobada en 2012 tendrá efectos ese año y en los próximos ejercicios, sobre todo en lo referente a la limitación del pago en efectivo por encima de los 2.500 euros, la obligación de informar sobre bienes situados en el extranjero o la posibilidad de adoptar medidas cautelares en procesos penales de delito fiscal.
Asimismo, y en cuanto a la decisión del Gobierno de mantener este año el gravamen complementario de IRPF, Gestha ha indicado que esta medida, en vigor desde 2012, se ha demostrado «ineficaz» y un «fracaso», ya que Hacienda recaudó el año pasado un 26,6% menos de lo previsto inicialmente debido al alza del desempleo.
De hecho, Gestha calcula que el aumento del paro en 2012 en casi 700.000 personas, por encima de las previsiones del Ejecutivo, supuso unas pérdidas para Hacienda de 1.800 millones de euros por los salarios que dejaron de tributar en el IRPF.
Por ello, los técnicos lamentan que el Gobierno haya decidido prorrogar un año más esta medida y le reclaman que impulse un cambio de rumbo en medidas económicas, de manera que éstas se centren en estimular el crecimiento económico y reducir la dimensión de la economía sumergida.
En este sentido, apuestan por reducir la evasión fiscal y laboral que, de acuerdo con sus cálculos, resta casi 90.000 millones de euros a las arcas públicas cada año. Parte del dinero recuperado, añade Gestha, podría destinarse a la puesta en marcha de medidas que eviten ajustes adicionales.
Gestha también aboga por acordar un gran pacto fiscal, que tenga como ejes la reducción del fraude en diez puntos sobre el PIB para recaudar más de 38.000 millones de euros anuales, así como un nuevo tipo impositivo del 35% para las grandes empresas con más de un millón de euros de beneficios, lo que reportaría 13.943 millones adicionales a las arcas públicas.
