El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las 217 medidas recogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones
Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un «análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer».
6.500 MILLONES DE AHORRO PARA LA ADMINISTRACIÓN
La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra «global» del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el «adelgazamiento» de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros– y las medidas estructurales sobre empleo público –alrededor de 19.000 millones–.
Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece «una guía» de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos. Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.
SANTAMARÍA: UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICAZ Y BARATA
Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración «más racional, más eficaz y eficiente», así como que «funcione mejor» y de una «manera más barata».
En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de «autenticidad» que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean «trampolines» para salir de la crisis económica.
