El Gobierno Rajoy reformará diez leyes para mayor control y transparencia en la actividad pública

Prohibido el uso de las tarjetas de crédito en la Administración española

Una norma regulará los “derechos y obligaciones” de los cargos públicos

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Se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos

El Gobierno Rajoy ha aprobado este viernes 20 de septiembre de 2013 en Consejo de Ministros un informe con 40 medidas para «reforzar el control de la actividad económica y financiera de los partidos, mejorar la regulación de los cargos públicos y para endurecer la lucha contra la corrupción».

El Gobierno intenta poner coto a los gastos de los cargos públicos. El informe ahora aprobado, que fue anunciado en plena vorágine por el caso Bárcenas, va acompañado de una amplia reforma del Código Penal, que también endurece los tipos de los delitos relacionados con la corrupción, entre los que se incluye un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que será obligatoria la comparecencia en el Congreso de los tesoreros de los partidos y se establecerán normas para que la persecución de los delitos de corrupción política «no se eternicen».

Santamaría ha añadido que, entre otras resoluciones, se ha diseñado una normativa del «ejercicio del cargo público», para que se sepa «qué derechos y qué obligaciones» tienen quienes ejerzan esos cargos.

Entre otras medidas, se prohibirá el uso en las administraciones públicas de las tarjetas de crédito, así como los gastos reembolsables de los cargos públicos.

«Había una dispersión normativa absoluta» sobre las obligaciones de los cargos públicos, ha precisado.

La vicepresidenta ha destacado que el proyecto de ley que se remite a las Cortes Generales revisa los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, entre otras novedades.

«Lo importante es fijar quién es el que ha cometido el delito de financiación ilegal de los partidos», ha dicho la vicepresidenta, a la vez que ha recordado que ya se ha establecido la responsabilidad penal de los partidos políticos.

La vicepresidenta ha anunciado también que se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos, al tiempo que se incluirán medidas «para agilizar los procesos y que no se eternicen».

Para ello, se facilita la persecución del corrupto y la recuperación de los bienes procedentes de sus actividades delictivas, según ha subrayado.

Santamaría ha dado la palabra al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que este detalle las reformas del Código Penal.

Lo primero que ha dicho es que los cambios suponen «una auténtica transformación» del sistema penal español, y que la reforma no está al albur de la actualidad, de los casos que provocan alarma social, sino que ha sido meditada y muy estudiada.

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El Poder Judicial duda de la constitucionalidad de la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno.

La reforma del Código Penal endurece los tipos para delitos relacionados con la corrupción e incluye entre sus principales novedades la prisión permanente revisable para terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima.

«Hay un nuevo planteamiento del criterio de penas para buscar una respuesta proporcionada al delito», pero con un carácter flexible especialmente para la delincuencia menor, ha precisado desde La Moncloa el ministro de Justicia.

Respecto a la prisión permanente revisable, destinada a los delitos de especial gravedad, ha precisado que el mero cumplimiento del tiempo de la condena impuesta no es condición suficiente para la puesta en libertad.

El criterio añadido será la evaluación de la posibilidad de reinserción del reo. La revisión de la condena permanente podrá tener carácter anual, una vez cumplidos los años mínimos fijados en la propia condena.

Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento.

El titular de Justicia ha abundado en que la prisión revisable, el ministro ha subrayado que su constitucionalidad ha sido visada por el Consejo de Estado, porque «es plenamente compatible con la reinserción».

Ha añadido que será el tribunal sentenciador el que se encargará de la aplicación o no de la prolongación del tiempo en prisión.

«Creo esta es una incorporación valiosa y avanzada a nuestra legislación penal, y sirve para que la sociedad esté segura de que ese delito tan grave no vuelva a ser cometido».

Gallardón ha explicado que la pena que se imponga para aquellos que cometan un primer delito tendrá como objetivo el que no se vuelva a cometer, y por lo tanto será más atenuada de la que se imponga para aquellos que perpetren el mismo delito pero de forma reincidente.

El ministro lo ha resumido así:

«El nuevo Código Penal incluye una mayor penalización de la reincidencia».

El ministro ha anunciado un endurecimiento de los delitos referentes a la alteración del orden público.

Así: el delito de desorden público se agravará cuando se ejerza en grupo y, además, será suficiente para su castigo el probar «que ha habido violencia sobre personas o cosas, o la mera amenaza de violencia, al margen de que finalmente haya habido daños o no».

El proyecto clarifica la definición del delito de atentado, cuya pena se agrava cuando se utilicen armas u objetos peligrosos, se lancen objetos contundentes o líquidos inflamables o corrosivos, se acometa con un vehículo de motor o suponga cualquier acción que conlleve un peligro para la vida o pueda causar lesiones graves. No se equipara a la resistencia pasiva, que ve rebajada su pena mientras que la desobediencia solo será falta administrativa.

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Los tribunales españoles podrán perseguir a los clientes de prostitución infantil también en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos españoles o residente. El texto explica:

«Se considerará pornografía infantil imágenes realistas de menores participando en conductas sexuales explícitas, aunque no sean reales».

Estas modificaciones, a propuesta del Ministerio de Justicia y relativas a los delitos contra la libertad sexual relativos a los abusos cometidos sobre menores de edad, responden a una transposición al reglamento español de varias directivas europeas.

El Ejecutivo se puso a trabajar en este paquete normativo contra la corrupción en marzo, poco después de que el propio presidente del Gobierno anunciara estas medidas anticorrupción en el Debate sobre el estado de la Nación de mediados de febrero.

El 1 de agosto, en el Pleno celebrado en el Senado con motivo del llamado caso Bárcenas, el propio Mariano Rajoy confirmó que las presentarían en septiembre.

Entre esas medidas para mejorar la lucha contra la corrupción figura la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos; la Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas; la reforma de la Ley de Contratos del Sector Públicos; la modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; y la reforma del Código Penal.

Se trata de 40 medidas que afectan a una decena de leyes, según adelantó este miércoles en el Congreso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los textos normativos no están articulados porque el objetivo el intentar buscar el máximo consenso con los grupos y escuchar sus aportaciones, según fuentes del Ejecutivo.

Seis leyes afectadas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya presidió el pasado 3 de septiembre en el Palacio de la Moncloa una reunión del Grupo de trabajo para la Regeneración Democrática que analizó los borradores de los textos normativos que conformarán el Plan de Lucha contra la Corrupción.

El objetivo es dar «más control y más transparencia a la actividad pública», según el Ejecutivo.

Ese grupo de trabajo, que arrancó el pasado mes de marzo bajo la coordinación del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha contado con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como con representantes de los ministerios de Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad e Interior.

Entre estas medidas destaca la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, que contendrá el procedimiento obligado de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos.

Además, regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Parlamento, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la obligación de depositar las cuentas de los partidos en registro público, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.

El Gobierno trabaja también en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la que se «fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas -tanto físicas como jurídicas- condenadas por delitos relacionados con la corrupción».

Otro texto regulará por ley las Funciones Políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regular la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.

Dentro de ese paquete normativo se encuentra también la modificación de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un texto que ha preparado el Ministerio de Economía y Competitividad.

El Gobierno ha precisado el estado de la reforma de la administración, con la que se refunden, eliminan, fusionan o extinguen organismos públicos. La vicepresidenta ha explicado que al final del proceso, cuando se concrete toda la reforma, se produzca un ahorro de 33 millones de euros.

«Lo que se pretende es que los trabajadores de los entes afectados sean trasladados o ejerzan su trabajo supliendo vacantes, especialmente ahora con la tasa de reposición cero de los puestos de la administración pública», ha precisado Santamaría a la pregunta sobre si estos cambios supondrán despidos.

 

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