Frente a frente la magistrada y la dirigente socialista. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado este 8 de octubre de 2013 los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez.A la salida, tras declarar durante tres horas, Álvarez afirmó que su gestión al frente de la Consejería de Empleo fue «clara y transparante» y que nunca tuco conocimiento de las irregularidades en las ayudas de los ERE.
Maleni ha declarado a los periodistas que se siente «muy contenta» porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más. En esta línea, ha indicado que se ha sentido muy cómoda y no ha tenido la impresión de que existiera ninguna tensión mi problema con la juez.
Durante la comparecencia, la juez ha preguntado a la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por el sistema que se utilizó para pagar las ayudas de los ERE, las tranferencias de financiación, y que la magistrada sitúa en el núcleo de la trama de corrupción.
Al respecto, Álvarez ha dicho que se trataba de «una transposición de una normativa estatal que ya se había aplicado en otras comunidades autónomas».
Magdalena Álvarez, imputada por malversación y prevaricación, llegó a los juzgados de Sevilla una hora antes de su comparecencia ante la juez que investiga los ERE.
Álvarez, que ha eludido a las numerosas cámaras de televisión que le esperaban a la entrada, permaneció a partir de las 9.15 horas a la puerta de la sala donde tendrá lugar su declaración conversando con varios de los abogados presentes.
Una treintena de letrados personados en los ERE tienen intención de asistir a la declaración de Álvarez, que es uno de los veinte altos cargos o ex altos cargos de la Junta imputados en junio pasado.
La ex ministra y ex consejera ha dicho que tiene intención de declarar ante la juez instructora y no acogerse a su derecho a no hacerlo, como hicieron algunos de los otros altos cargos imputados.
Álvarez, que entre 2004 y 2009 fue ministra de Fomento en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, fue previamente consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía durante una década, en concreto desde 1994 a 2004. Su etapa como responsable en la elaboración del presupuesto coincide en parte con el periodo investigado por la juez Alaya.
En el auto por el que imputó a Álvarez y a otros diecinueve de altos cargos y ex altos cargos de la autonomía, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla señalaba que la ex consejera de Economía y Hacienda «fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003», que presuntamente habría servido para enmascarar un fraude que, según apunta la magistrada, venía perpetrándose desde años antes por la vía de las modificaciones del presupuesto.
La tesis que sostiene Alaya es que la Junta de Andalucía hizo una utilización ilegal de las transferencias de financiación para repartir el dinero del programa presupuestario 31.L. Aprovechando que esas transferencias no están sometidas al control previo ni exhaustivo de la Intervención, el Gobierno andaluz las utilizó para repartir subvenciones.
Por esa falta de control en el uso del dinero público, que la juez Alaya califica de «arbitrario», el programa 31.L se convirtió en la práctica en un fondo de reptiles, tal y como lo calificó en su primera declaración policial el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero. Bastaba su firma para abrir la puerta del fondo de reptiles, del que, según la instructora del caso ERE, se beneficiaron empresas y particulares de la órbita de la Junta y del PSOE.
El resultado de todo ello fue el reparto «arbitrario» de más de 700 millones de euros y el saqueo de al menos 141 millones de euros por intermediarios y comisionistas en el proceso de adjudicación de esas ayudas sui generis.
El responsable de Hacienda -de 2000 a 2004 Magdalena Álvarez y desde entonces a 2009 José Antonio Griñán- tiene el deber de «velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad», según indicó Alaya en el auto de imputación de la ex consejera.
Según viene sostiendo la juez Alaya en autos recientes, el uso ilegal de las transferencias de financiación hizo que los presupuestos de la Junta vulneraran «frontalmente» varias leyes, incluidas la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En su comparecencia ante la comisión de los ERE, Álvarez declaró que era responsable de elaborar el presupuesto de ingresos, pero que los gastos los elaboraban las consejerías y ella se limitaba a recopilarlos en un documento único.
