"Es una muestra más de insensibilidad --del Gobierno-- con los colectivos más vulnerables, como son las personas que pueden perder su vivienda", ha clamado la consejera
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha acusado al Gobierno este viernes 17 de enero de 2014 de «crueldad» al llevar la ley andaluza ‘antidesahucios’ al Tribunal Constitucional y pedir que se paralice –un recurso que ha sido admitido a trámite, lo que ha llevado a la suspensión cautelar–, porque «detrás» de este asunto «hay familias, gente que se queda en la calle».
A preguntas de los periodistas en Granada tras informar sobre los detalles del refuerzo aprobado en Consejo de Gobierno en materia de dependencia, Sánchez Rubio ha advertido de que con esta medida se «suspenden procesos que afectan a familias con nombres y apellidos» que, «de no poder hacer algo en el ámbito judicial», no se podrán ver beneficiadas de una medida que va dirigida a ayudarlas en un «ámbito tan básico como la vivienda».
«Es una muestra más de insensibilidad –del Gobierno– con los colectivos más vulnerables, como son las personas que pueden perder su vivienda», ha clamado la consejera.
RECURRIRÁ
Así, ha recordado que el Gobierno andaluz va a recurrir el asunto para solicitar al Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda porque «no se encuentran en el supuesto» que argumenta el Ejecutivo central, ha argumentado.
«Mientras –ha lamentado– se van a ver lesionados derechos e intereses de personas y familias» afectadas por los desahucios, y ha advertido de que detrás de todo este asunto hay «gente que se queda en la calle» y todo un «trabajo» que ha venido haciendo el Gobierno andaluz y otros colectivos para evitarlo.
