José Blanco, que sucedió en el Ministerio de Fomento a Álvarez, se limita a recordar que él asumió el cargo en febrero de 2009 y que por tanto a quien hay que preguntar es a su antecesora
La gestión de los socialistas al frente del Ministerio de Fomento vuelve a estar en la picota a cuenta de la operación iniciada por la Guardia Civil este lunes.
En el marco de la misma se ha detenido por ahora a nueve personas, entre ellas un responsable de obras de Adif y el director de la línea de Alta Velocidad noroeste, acusados de falsear mediciones en obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y ganar ilícitamente unos 6 millones de euros entre 2008 y 2012.
Ello podría ser la punta del iceberg, porque en mayo de 2013 el Tribunal de Cuentas levantó la liebre al desvelar que toda la línea costó 8.966,71 millones de euros, un 31,4% más del importe por el que se adjudicaron (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones). Por tanto, cada uno de sus 621 kilómetros costó de media 14,44 millones de euros.
Entonces los socialistas miraron hacia otro lado y se lavaron las manos. Ahora vuelven a hacerlo.
Es más. Al ser preguntado al respecto, José Blanco, que sucedió en el Ministerio de Fomento a Álvarez, se limitó a recordar que él asumió el cargo en febrero de 2009 y que por tanto a quien hay que preguntar es a su antecesora.
Quien, por cierto, es según la juez Mercedes Alaya una de las piezas angulares de la trama de los EREs. Poco o nada más van a arrancarle a Blanco, cuya campaña a las europeas -concurre en el puesto 10 de la candidatura- va de mal en peor. Pero se da la circunstancia de que los hechos, si bien se remontan a 2008, se prolongaron hasta 2012.
Entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que tenía a su cargo las obras bajo sospecha, y el director de la línea de alta velocidad en la zona noroeste, Rafael R., además del delegado en Barcelona de la adjudicataria, Corsán, Marino V.
Sin embargo, pese a haber implicados de primer nivel se ve que ni Magdalena Álvarez ni sus subordinados cayeron en la cuenta de que se produjeron alteraciones de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras.
Y, después, los acusados falsearon las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.
La Fiscalía Anticorrupción, de la que partió una querella en enero, sospecha que los detenidos -cinco en Madrid y cuatro en Barcelona generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsán de unos 6 millones de euros.
Además, también se investiga si los funcionarios de Adif implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita. Por este motivo, los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró este lunes que su departamento colaborará con la administración de Justicia «dando toda la información», mientras que Adif apuntó que colabora, desde junio del pasado año, con la investigación judicial abierta, ya que son los primeros interesados «en su esclarecimiento».
LOS AUDITORES
Los auditores públicos señalan que durante la ejecución de los trabajos en los 356 contratos de obra principal analizados “se formalizaron 69 modificaciones de contratos”, donde se incrementó el precio por el que fueron adjudicados los trabajos. Así, una de cada cinco obras adjudicadas cambió de precio durante su ejecución, elevando el presupuesto por el que se adjudicó.
Entre las 69 modificaciones detectadas por el Tribunal de Cuentas, los 14 contratos de obras complementarias y los ocho de obras de emergencia, “junto a las revisiones de precios y las adjudicaciones adicionales, elevaron el coste total de las obras inicialmente contratadas a 3.035 millones de euros, lo que supuso un incremento del 49,6%” en los contratos analizados por el Tribunal de Cuentas, una parte importante del total.
Los auditores públicos concluyen que “el ahorro inicial del 9,2% en el precio de licitación de los contratos se transformó finalmente en un sobrecoste del 31% inicialmente previsto”. Además del sobrecoste, las obras no se terminaron en el plazo previsto, con un incremento medio de 13,5 meses de los plazos de ejecución de los contratos.
El Tribunal de Cuentas resalta un contrato modificado en el tramo Hospitalet-La Torrassa, en el que se incrementó el precio de adjudicación un 221,6%. En ese contrato, Adif consiguió endosar la responsabilidad de lo ocurrido a la empresa y cuantificó los daños y perjuicios para la Administración en 32 millones de euros que cuando el Tribunal de Cuentas finalizó sus trabajos (hace diez meses) “no se tiene constancia de que se hayan cobrado”.
