Los muy caraduras pactaban entre ellos prejubilaciones e indemnizaciones millonarias de manera irregular y cuando sus entidades estaban ya en la ruina
La condena a Caixa Penedés es la primera que sufren directivos de las cajas de ahorros.
Pero podría no ser la última y por los mismos motivos: pactar prejubilaciones e indemnizaciones millonarias supuestamente de manera irregular.
Los tribunales españoles, principalmente la Audiencia Nacional, investigan en la actualidad otros casos similares en otras entidades. Y tras años de examen algunos empiezan a ser juzgados.
Como detalla F. Tadeo en ‘El Economista’, las cúpulas de cinco cajas pasarán próximamente por el banquillo. Están acusados más de una veintena de exejecutivos de haber inflado sus sueldos y sus pensiones por valor de unos 100 millones de euros. Se trata de los responsables de la CAM, Novacaixagalicia, Bancaja-Banco de Valencia, Caja Segovia y CaixaCatalunya.
Similares a Caixa Penedés
Los casos más avanzados son los de las dos primeras, para los que sólo queda fijar una fecha para que se celebre la vista oral para dictar sentencia. El que más recorrido tiene aún es el que hace referencia a los sobresueldos en CatalunyaCaixa, valorados entre dos y cinco millones en función de las fuentes.
La resolución de estos procedimientos podría ser similar al de Caixa Penedés, la devolución de las cantidades percibidas para evitar la prisión, al margen de una inhabilitación de por vida y el bochorno público generado.
En algunos de ellos es más complejo de definir porque se encuentran involucrados en más casos por otros supuestos delitos societarios y administración desleal.
El ejemplo más claro se da en la CAM, cuyos máximos responsables incluso han pasado por la cárcel de manera momentánea por causas distintas a las elevadas retribuciones cobradas.
El director general de la alicantina, Roberto López Abad, y su mano derecha en la filial empresarial, Daniel Gil, ingresaron en Soto del Real por irregularidades societarias inmobiliarias hasta que pagaron una fianza de 1,9 millones.
Abad y Gil siguieron los pasos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que fue encarcelado en dos ocasiones preventivamente por la adquisición de City National Bank of Florida y los créditos a Díaz Ferrán tras depositar un aval de 2,5 millones, que ha sido anulado.
Por diferentes acusaciones hay más de 150 administradores y directivos de las antiguas cajas de ahorros imputados en la actualidad, destacando la venta de preferentes, los créditos irregulares y las pensiones astronómicas.
La primera condena
Hasta ahora no se había producido ningún fallo. Con él se inicia un proceso judicial que tardará aún años en finalizar. Otros ya han finalizado, bien porque las partes han alcanzado un acuerdo en primera instancias o bien porque las causas se han archivado al no encontrarse indicios.
Varios de estos casos hacen referencia a las dietas y las indemnizaciones.
El más reciente se cerró este año. Los consejeros de Liberbank, Felipe Fernández y Encarnación Paredes, que han decidido devolver la prestación del paro a la entidad para fines sociales.
Ambos se prejubilaron del grupo con 1,2 millones y posteriormente fueron nombrados consejeros sin renunciar al desempleo.
Otros que también decidieron reembolsar fondos percibidos fueron los presidentes de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, que recibieron triples dietas por su asistencia a los consejos y comisiones de la CAN.
El escándalo social generado también llevó a Javier García Paredes a renunciar a un parte de su indemnización en Novacaixagalicia y a Aurelio Izquierdo, de Bancaja, la mitad de su pensión. En ambos casos, la Audiencia Nacional investiga su legalidad en la actualidad.
Pero no todos los banqueros obran de la misma manera. El Frob se ha visto forzado a bloquear el pago de emolumentos astronómicos a varios ejecutivos del sector, como a la exdirectora de la CAM, María Dolores Amorós, o al presidente de Banco de Valencia, Domingo Parra, que de manera conjunta reclamaban casi 25 millones.
Y hay casos en los que la justicia da la razón a los responsables del sector. Los dos máximos ejecutivos de CatalunyaCaixa, Adolf Todó y Jaume Massana, consiguieron en los tribunales el cobro de una indemnización de 1,2 millones por su despido el año pasado por parte del fondo de rescate público.
