Los 70, un inicio marcado por la familia Larra
El caso Gowex ha hecho sonar de nuevo las alarmas sobre un presunto «fraude» empresarial y financiero de gran calado, pero son numerosos los casos de estafas que han hecho historia tanto en España como a nivel internacional. El punto en común es que suelen estar orquestadas por un reducido número de personas, cuando no a título personal, y los más afectados son los inversores que apostaron por ese negocio.
Uno de los primeros casos de fraude financiero tuvo lugar en los años 70 del siglo XIX. Su creadora fue Baldomera Larra, hija del escritor y periodista, Mariano José de Larra. El engaño comenzó a gestarse cuando su marido se fue a América tras el regreso de Alfonso XII a España y ante su precaria situación comenzó a acudir a prestamistas. Los intereses que tenía que pagar eran tan altos que a cambio prometía el doble de lo que le habían prestado. Sin embargo, el dinero que devolvía procedía de otro cliente al que le había hecho la misma oferta. Su fama de «cumplidora» se extendió tanto que llegó incluso a crear la Caja de Imposiciones que duró hasta que la trama se destapó en 1876.
1920, el negocio de los cupones de Ponzi
El sistema de Baldomera Larra dio pie a otros casos de estafa como el que ideó Carlo Ponzi hacia 1920. Ponzi, de origen italiano pero emigrado a Estados Unidos, vio un suculento negocio en los cupones de respuesta internacional que la gente enviaba desde Europa a sus familiares.
Debido al tipo de cambio estos cupones tenían un valor superior en América del Norte y partiendo de esa base Ponzi creó su propia compañía: Security Exchange Company, en la que se prometían altos beneficios a los inversores. Todo se vino abajo cuando el diario The Boston Globe descubrió que Ponzi pagaba parte de esos intereses con el dinero de otros inversores hasta crear una inmensa pirámide fraudulenta. Es lo que se conoce como el «esquema de Ponzi».
Para el escritor Donald Dunn, uno de los biógrafos de Ponzi, el carisma de este personaje y su alta capacidad de persuasión fueron clave a la hora de montar su entramado empresarial. «Siempre le acompañaba su sonrisa y su falta de preocupación, de lo contrario, ¿quién hubiera dado dinero a un hombre preocupado?», se preguntaba.
1990, Grupo Torras y Gescartera
A principios de los años 90 el Grupo Torras, propiedad casi en su totalidad del grupo inversor kuwaití KIO, presentó suspensión de pagos con un pasivo cercano a los 1.428.571 euros, equivalente a unos 240.000 millones de pesetas. Varios de los gestores, entre ellos Javier de la Rosa y distintos directivos, fueron acusados de estafa y apropiación indebida. En 1998 De la Rosa fue encarcelado por un suceso queafectó a más de 30.000 empleos directos y a cerca de 100.000 indirectos.
Posteriormente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), descubrió en 2006 que la agencia de valores Gescartera sufría pérdidas de hasta 100 millones de euros (alrededor de 17.000 millones de pesestas). En 2008 la Audiencia Nacional condenó a 11 años de prisión al presidente de la compañía, Antonio Camacho, por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Además, se consideró a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios por su implicación en el caso.
Las estafas más recientes
Otro hecho reciente es el que afecta a Pescanova en el que un informe de la consultora KPMG concluyó en julio de 2013 que las cuentas de las compañía habían sido alteradas durante años para ocultar las pérdidas que sufría. Para Juan Luis Marchini, presidente de honor de la Asociación Española de Auditores, «nadie se podía imaginar lo que estaba ocurriendo en Pescanova sobre todo porque casos como este suelen ocurrir en empresas de menores dimensiones».
Por esa razón califica el suceso de «hito raro» y asegura que «el 97% de las empresas funcionan correctamente pero suelen conocerse los casos de las que funcionan mal como por ejemplo los de Nueva Rumasa, Forum Filatélico o Afinsa», entre otros.
Sobre el papel de las auditoras en casos similares, la subdirectora de Renta Variable en Atl Capital, Susana Felpeto, considera que «su trabajo es detectar irregularidades en las cuentas y asegurarse de que reflejan la realidad». Por esa razón insiste en que «no es posible eximirlas de toda culpa» cuando no detectan un fraude, aunque matiza que «resulta exagerado generalizar», sobre todo cuando las cuentas de una empresa se han falseado.
