Cincuenta y ocho de los que utilizaron el sistema pertenecen a PP, PSOE, IU, UGT CCOO y Accam

Dos de cada tres usuarios de las tarjetas ‘B’ de Caja Madrid son políticos y sindicalistas

Sólo durante la guerra interna en Caja Madrid en 2009 hubo discrepancias por la gestión

De Izquierda Unida, cuatro, entre los que destaca el que fuera gran defensor de Miguel Blesa y vicepresidente de la entidad, José Antonio Moral Saetín

Cincuenta y ocho de los que utilizaron el sistema pertenecen a PP, PSOE, IU, UGT CCOO y Accam. Sólo durante la guerra interna en Caja Madrid en 2009 hubo discrepancias por la gestión.

Algo más de dos tercios de los usuarios de las tarjetas B de Caja Madrid y posteriormente de Bankia son políticos o sindicalistas. La entidad estaba controlada por los líderes del PP, PSOE, IU y por los representantes de la plantilla.

Bajo un sistema de control absoluto de la entidad, los cargos fueron ocupados por estas instituciones. Su presidente, Miguel Blesa, para mantenerse en el poder, mejoró las cuantías de estas tarjetas con el paso de los años y las extendió a todos los consejeros y miembros de las distintas comisiones. Un peaje para garantizarse la presidencia.

Como explica F. Tadeo en ‘El Economista’, la legislación se modificó en distintos momentos con el único propósito de reforzar el poder cada vez más importante de este tipo de colectivos, en detrimento de los consumidores, clientes y demás organizaciones culturales y sociales. Miembros destacados de los partidos, alcaldes y concejales de distintas ideologías y sindicatos de derechas y de izquierdas, movieron los hilos de la entidad bancaria.

En los últimos diez años, la cúpula dilapidó 15,5 millones de euros a través del sistema de retribución opaco, fraude que está siendo investigado en la actualidad por la Audiencia Nacional.

Un total de 86 consejeros y directivos dispusieron de una tarjeta ‘B’, con la que podían gastar entre 25.000 y 50.000 euros de máximo cada año. Cuatro directivos no la utilizaron nunca, ni para gastos de representación para lo que teóricamente se habían emitido ni para sus gastos personales.

28 del PP y 15 del PSOE

Del total, 58 usuarios de este dinero de plástico (el 67 por ciento) eran miembros de los partidos políticos o designados a dedo por ellos, como consecuencia de las licencias otorgadas de manera regulatoria y de las deficiencias del sistema. En concreto, 28 de los beneficiarios son nombrados por el PP, entre ellos los dos expresidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato; y los ex vicepresidentes Estanislao Rodríguez-Ponga y José Manuel Fernández Norniella.

Del PSOE, cuyo poder era mínimo y menguante en la cajas, sus representantes sí disfrutaron de relevantes emolumentos y de esas tarjetas. De este partido fueron 15.

Por parte de los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y Cuadros Profesionales, había 11 que se beneficiaron de este dinero negro. Y de Izquierda Unida, cuatro, entre los que destaca el que fuera gran defensor de Miguel Blesa y vicepresidente de la entidad, José Antonio Moral Saetín.

El resto de los usuarios pertenecía a otras organizaciones, principalmente patronales empresariales y el equipo directivo.

Políticos y sindicalistas copaban todas y cada una de las estructuras de gobierno de la caja.

Consejo de administración, asamblea general, comisiones de control, de inversiones, retribuciones, de auditoría, etc. Por cada reunión cobraban dietas, de entre 600 y 1.350 euros cada una.

Y, además, se repartían los consejos de empresas participadas (Iberia, Endesa, Mapfre y un sinfín de sociedades en las que Caja Madrid era accionista de referencia). Y unos y otros presionaban para que en el equipo directivo o consejos de otras filiales entraran amigos y allegados.

Uno de los casos más llamativos es la cuñada del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Carmen Cavero. Otro significativo es la presencia de la mujer del exsecretario del PP en Madrid, Nieves Alarcón. Pero hay más, que van desde una hija de Eduardo Zaplana hasta el excuñado de Rodrigo Rato, Santiago Alarcó.

La telaraña de intereses ha sido tal en la entidad que la práctica totalidad de proyectos puestos en marcha por Blesa y luego por Rato fueron aprobados por el conjunto sin el menor reparo. Sólo durante la guerra interna desatada en 2009, a raíz de las diferencias en el seno del PP, hubo discrepancias.

 

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