La ministra de Fomento, Ana Pastor, cree que «ha llegado el momento de pensar en el largo plazo» para el ferrocarril y defiende que su proyecto de ley del Sector Ferroviario permitirá precisamente consolidar un «gran sistema» y adaptarlo para el escenario del siglo XXI.
Así se ha pronunciado durante su defensa de la norma ante el Pleno del Congreso, a la que el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV, ERC y BNG han presentado enmiendas de totalidad exigiendo la devolución del texto al Gobierno. «Ha llegado el momento de consolidar lo logrado y de pensar en el largo plazo, en el ferrocarril del siglo XXI. Esta ley no es para la próxima legislatura, ni siquiera para los próximos diez años, sino que debería ser una ley con vocación de permanencia orientada a definir el ferrocarril del futuro», ha proclamado la ministra. Tras recordar la situación de proyectos paralizados e situación deficitaria de las cuentas de las empresas ferroviarias públicas, Pastor ha enumerado las reformas aplicadas a lo largo de la legislatura y ha insistido en que la nueva norma «busca consolidar esas mejoras», cuyos resultados son «positivos para el conjunto de la sociedad y prometedores de cara a la apertura de nuevas líneas prevista para los próximos meses». PLANIFICACION RIGUROSA Y APUESTA POR LA SEGURIDADEn este contexto, el Ministerio plantea un proyecto de ley cuyas principales novedades, según Pastor, son la nueva obligación de planificar «rigurosamente» las infraestructuras ferroviarias pensando en la «eficiencia y en la sostenibilidad financiera, desde una perspectiva modal», un nuevo sistema de cánones que pretende «incentivar el crecimiento del tráfico maximizando el uso de las infraestructuras y garantizando los ingresos de las administraciones», y una eliminación de barreras de entrada para nuevos operadores mediante la eliminación del canon de entrada y la creación de nuevas bonificaciones por el uso de la red.
Además, en el transporte de las mercancías se introduce una «novedad importante» como es la liberalización de los servicios de terminales ferroviarias públicas para «mejorar su competitividad», mientras que en el ámbito del transporte de viajeros se «garantizan» la financiación de las obligaciones de servicio público (OSP) y, con ello, la movilidad de los ciudadanos. Junto a estos contenidos, Pastor ha puesto el acento particularmente tanto en el nuevo reconocimiento de derechos a las víctimas de accidentes ferroviarios como a las medidas de seguridad que se incluyen en el proyecto de ley, con la creación de la nueva Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y un nuevo régimen infractor y sancionador «más proporcional, efectivo y justo». «El sistema ferroviario no es patrimonio de nadie, sino de todos los españoles. Hemos aportado lo que hemos podido a consolidar este gran sistema, y este proyecto es una apuesta decidida por las infraestructuras ferroviarias. El proyecto establece mecanismos para asegurar la sostenibilidad del sistema, tiene como prioridad la seguridad ferroviaria, traspone directivas europeas y, lo más importante, impulsará el crecimiento del sector, aumentará su eficiencia y utilización, y fomentará la innovación. Es el marco de nuestro sector para el siglo XXI», ha apostillado. OFRECE DIALOGO A LA OPOSICIONEn este punto, la titular de Fomento ha mostrado su «disposición permanente al diálogo» y, tras agradecer a los grupos parlamentarios su trabajo hasta la fecha, les ha invitado a presentar propuestas para mejorar el proyecto de ley en su tramitación parlamentaria.
No obstante, ha rechazado sus enmiendas de totalidad, lamentando que ninguna formación haya presentado un texto alternativo para conocer qué modelo proponen. Además, ha rechazado las críticas recogidas en los vetos, comenzando por las que se refieren a la liberalización. En este sentido, ha afirmado que la intención de la ley es conseguir que el proceso de liberalización, desarrollado desde hace años, sea «progresivo y ordenado» para «garantizar un adecuado control de las administraciones públicas de la calidad y la seguridad», así como dar tiempo a Renfe para «prepararse para un nuevo escenario de competencia» en los servicios comerciales «exclusivamente». «No podemos permitirnos dejar algo en lo que nos jugamos tanto para el último minuto, y el mejor modo es hacerlo de forma progresiva y de acuerdo con las organizaciones sociales, como estamos haciendo», ha insistido la ministra, resaltando en varias ocasiones que las empresas Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad «son y seguirán siendo públicas» y que «no existe una privatización» ya que la norma «garantiza» las OSP. Además, ha defendido que el texto «respeta al máximo» las competencias autonómicas, establece nuevos mecanismos y financiación para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para que trabaje «con eficacia, eficiencia» e independencia, y garantiza un sector «moderno y de calidad, mejorando progresivamente los servicios de proximidad y desarrollando a la vez la alta velocidad». PARTIDO A PARTIDOPor último, Pastor ha hecho referencia una a una a todas las enmiendas, rechazando así las críticas socialistas a la práctica legislativa de una norma que ha pasado todos los trámites de informe preceptivos y que iba acompañada por una memoria económica.
A la Izquierda Plural le ha señalado que el Ministerio «apuesta por todos los modos de transporte», recordando que «tener vías del siglo XXI y trenes más modernos no significa que sean excluyentes» porque hoy más ciudadanos usan la alta velocidad de forma habitual, como muestra el incremento de viajeros, sin que eso haya afectado a la utilización de las Cercanías y la media distancia. Pastor también se ha preguntado «cuál es el modelo» que propone el PNV, porque el del Gobierno es «conectar con mayor calidad y eficiencia todas las ciudades del país y no trocear la red de interés general», porque eso «perjudicaría la eficiencia del servicio e iría en contra de la cohesión y la vertebración del país», en contra de la tendencia europea. «Yo defiendo un sistema integral de ferrocarril, y no ponernos fronteras dentro del país», ha añadido. Por último, ha asegurado que se hace «justo lo contrario» de «debilitar» el ferrocarril, como acusa el BNG, y ha reprochado a los independentistas de ERC que «es fácil oponerse a la red de alta velocidad cuando se vive en un lugar donde todas las capitales están unidas por un servicio de las máximas prestaciones» que, a su juicio, «deberían tener todos los ciudadanos del país».
