La oposición en el Congreso rechaza la Ley Ferroviaria alegando que no responde a las necesidades del sector

Los grupos de la oposición en el Congreso han expresado este martes su rechazo en bloque al proyecto de ley del Sector Ferroviario, alegando que no responde a las necesidades del sector, que se ha hecho con «precipitación» y que no garantiza los derechos de los ciudadanos en las zonas menos rentables.

Así lo han expresado durante el debate en la Comisión de Fomento del Congreso del proyecto de ley, que será aprobado con competencia legislativa plena y, por tanto, enviado al Senado una vez concluya este trámite.

El portavoz socialista de Fomento, Juan Luis Gordo, ha comenzado criticando la tramitación del proyecto de ley, que considera «inconsistente» y que cree «responde más a los intereses del PP que a la necesidad de dar respuesta al interés general». «En apenas hora y media se va a sustanciar una ley muy importante, conculcando posiblemente hasta el propio Reglamento y generando inseguridad jurídica», ha reprochado, calificando la ley de «auténtica chapuza» que puede llevar incluso a la privatización de la red.

Con respecto al contenido, el diputado del PSOE ve «lagunas importantes» en materias fundamentales como la garantía de la sostenibilidad financiera de la red, la planificación, la preparación «superficial y carente de rigor» de la apertura del mercado a la competencia, la financiación del administrador mediante «cánones insuficientes para cubrir costes» y la falta de un sistema intermodal. Por eso, ha avanzado que cuando el PSOE vuelva a gobernar derogará esta ley y planteará un texto «de consenso».

CONSECUENCIAS «NEFASTAS»

La portavoz de Fomento de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras, cree que la norma responde «a intereses puramente economicistas» y ha advertido de la «precipitación» del Gobierno al aprobar un proyecto usando «como pretexto» una directiva comunitaria «que está sufriendo transformaciones» durante su tramitación.

«Es un verdadero despropósito y tendrá consecuencias nefastas para un sector estratégico como el ferroviario», ha añadido, convencida de que la norma «no ayudará a equilibrar la oferta, ni garantizará las necesidades de la sociedad, ni impulsará la cohesión territorial, económica y social». Por eso, reclama cambios, empezando por potenciar un único administrador de carácter público.

CONCULCA COMPETENCIAS

El portavoz de Fomento de los nacionalistas catalanes, Pere Macias (CDC), cree que el proyecto está «poco maduro» y además afirma que la norma «invita a ser ineficiente» porque los cánones «perjudican al más competitivo». «Si esto no se subsana votaremos en contra y denunciaremos la ley», ha advertido, responsabilizando de esta situación a la «precipitación absoluta» con que se ha presentado la ley y al rechazo generalizado de las enmiendas de la oposición.

Además, ha reprochado al PP que «atropello competencias, sobre todo de los ayuntamientos» y que no tenga en cuenta que hay comunidades con competencias ferroviarias. Finalmente, Macias ha lamentado la «posición del Gobierno de no intentar utilizar el Parlamento para mejorar leyes» porque en «una ley que podía ser francamente positiva» no se haya siquiera intentado llegar a acuerdos pese al ofrecimiento de «consenso» que hizo la ministra Ana Pastor.

La diputada del PNV Isabel Sánchez Robles ha reiterado sus críticas a que se priorice el criterio del interés general por delante del de territorialidad cuando debe ser «complementario», ha reclamado las competencias de gestión de las redes intrautonómicas para el Gobierno vasco y ha pedido más participación de las comunidades con competencias en la materia en los temas de seguridad y accidentes.

BLINDAJE AL SECTOR

Andrés Ayala, responsable ‘popular’ de Fomento en el Congreso, ha negado «ningún tipo de precipitación» ni incumplimiento de trámites. «Lo que pasa es que hemos hecho una tramitación con diligencia y celeridad para respetar un calendario legislativo de Gobierno ambicioso».

Además, ha subrayado que «dar acceso a operadores privados no es privatizar sino liberalizar» y ha asegurado que si el PSOE vuelve a gobernar «de chiripa» aplicarán esta norma y no la cambiarán.

Su compañera Concepción Santa Ana ha destacado que el proyecto «blinda el transporte ferroviario» y «garantiza las obligaciones de servicio público al asegurarse la financiación de todos los déficits de explotación».

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