La presidenta regional del PP en Valencia anuncia demandas contra los condenados por corrupción por dañar la imagen del partido
24 de noviembre de 2014. La portada de ‘El Mundo’ se le atragantó a más de uno. Y no sólo en los despachos de los altos cargos del Partido Popular.
Cundió la angustia entre personalidades del mundo económico, político y social valenciano -incluidos medios de comunicación que compiten lealmente en el quiosco- que se sobresaltaron por la noticia.
Algún bobo, en Valencia, la calle Génova de Madrid y La Moncloa se autoengañó pensando que aquello era flor de un día.
Unos ‘desahogados’ incpaces de entender las enormes consecuencias que aquella primera historia, relatada y comprobada hasta el más mínimo detalle por los periodistas Juan Nieto y Rafael Navarro, podría tener en la carrera del entonces presidente de la Diputación y líder del PP de la provincia, Alfonso Rus.
El titular, ubicado en lo más alto de la primera página, decía: «La Diputación de Valencia dio un contrato de 30 millones a un amigo de su presidente».
Aquel fue el germen de una larga investigación que primero le costó la carrera política a Rus, con su retirada forzada en plena campaña electoral, y que ha terminado con su detención y la de medio centenar de caraduras ligados directa o indirectamente a la trama del 3%.
UNA FIANZA DE DOS MILLONES DE EUROS
El juez que instruye el caso Imelsa acordó este 29 de enero de 2016 dejar en libertad al expresidente de la Diputación y del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus, con una fianza de dos millones de euros.
Rus está investigado [imputado] por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias y el juez quiere asegurarse de que podrá asumir su responsabilidad civil en caso de condena.
El juez ha rechazado el ingreso en prisión provisional tal y como pedía el fiscal porque no hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, pero impone a Rus la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días.
Al abandonar los juzgados cerca de la medianoche y visiblemente cansado, el también exalcalde de Xàtiva ha asegurado:
«Todo es un montaje, porque desde hace mucho tiempo me querían apartar del partido».
Rus, que se ha negado a declarar ante el juez, ha indicado que dará las explicaciones que demuestren su inocencia cuando conozca exactamente los delitos que se le imputan.
El exdirigente popular, ha negado que sea su voz la que aparece en una grabación contando los billetes de una supuesta mordida con Marcos Benavent -que colabora con la Fiscalía y aportó un buen número de grabaciones-, así como cualquier vinculación con una supuesta financiación ilegal del PP.
«A quien mete la mano hay que cortársela», ha remachado antes de marcharse increpado por un grupo de personas que le gritaban «¡corrupto, corrupto!».
El magistrado también ha impuesto una fianza de dos millones de euros al exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla.
Para Juan José Medina, el otro exvicepresidente, y para Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus, la fianza impuesta ha sido de un millón de euros para cada uno. Los tres tienen obligación también de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Rus y sus tres hombres de confianza cuando dirigía la Diputación de Valencia han sido los últimos de los 24 detenidos a los que el juez ha tomado declaración, aunque 22 de ellos se han acogido a su derecho a guardar silencio.
El juez Víctor Gómez ha acordado a lo largo del jueves decretar también la libertad provisional de Salvador Deusa, técnico de la Diputación de Valencia y cinco empresarios, entre los que se encuentran José Adolfo Vedri, propietario de la agencia de comunicación Engloba y Javier Luján, de Construcciones Luján.
Además de Alfonso Rus y sus tres hombres de confianza el juez ha fijado fianza por responsabilidad civil para otros 14 investigados.
Las cargas oscilan entre los 15.000 euros impuestos al ex secretario autonómico de Deportes David Serra y los 500.000 euros que tendrá que depositar el exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, también investigado en la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
UNA GESTORA PEPERA
La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, nombrará una gestora para dirigir el partido en la ciudad de Valencia si se confirman los cargos contra el portavoz y presidente local, Alfonso Novo, y el resto de integrantes del grupo municipal.
Bonig intenta atajar la grave crisis desatada en su partido tras las detenciones realizadas en el marco de la Operación Taula, que implica al PP local, provincial y regional en un supuesto delito de financiación ilegal.
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