Hoy las regiones gobernadas por el PSOE y el apoyo de Podemos y otras fuerzas de la izquierda son las que gravan más a sus conciudadanos
El complejo sistema tributario español, conformado por una maraña inmensa de normas estatales y autonómicas que, además, varían sin cesar, ha provocado que la presión fiscal sea muy distinta en función del territorio en el que se resida.
Como explica José Luis Bajo Benayas en ‘El Economista’ este 29 de febrero de 2016, las elecciones de mayo de 2015, que provocaron un vuelco político en más de la mitad de las autonomías, han azuzado aún más la disparidad.
Es lo que se deduce de los datos proporcionados por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (Reaf-Regaf). En su documento titulado Panorama de la fiscalidad autonómica y local 2016 los autores desgranan los cambios fiscales aprobados por los distintos ejecutivos autonómicos.
Así, Baleares y Aragón, que viraron a la izquierda en mayo con Gobiernos del PSOE y apoyos de Podemos, son las que más han incrementado los tributos en 2016, si bien es cierto que se han centrado en las rentas más altas.
Aragón es la que más modificaciones ha llevado a cabo. En el ámbito del IRPF, el Ejecutivo de Javier Lambán ha elevado el tipo autonómico del 21,5 al 25 por ciento en el caso de contribuyentes que declaren 50.000 euros o más.
Además, ha rebajado de 500.000 euros a 400.000 el mínimo exento de pago en el Impuesto de Patrimonio y suprimido numerosos eximentes en Sucesiones. El nuevo Gobierno ha elevado el tipo de Transmisiones Patrimoniales (TPO) al 8-10 por ciento, y ha aumentado del 1 al 1,5 por ciento el tipo general de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Baleares, por su parte, también ha subido el tipo de IRPF a rentas por encima de 70.000 euros y ha rebajado el mínimo exento del pago de Patrimonio desde los 800.000 a los 700.000 euros. Con Francina Armengol (PSOE) al frente, el Ejecutivo insultar también ha eliminado exenciones en el impuesto de Donaciones y ha retocado al alza AJD y TPO.
Navarra, con un Gobierno presidido por Uxue Barkos (Geroa Bai) con apoyo de Podemos y Bildu, es otra de las autonomías que más ha incrementado la presión fiscal.
La Comunidad Valenciana, con el socialista Ximo Puig, ha modificado al alza Patrimonio pero ha mantenido IRPF, y Cantabria, donde gobierna una coalición del PRC con el PSOE, ha elevado el impuesto de la renta para quienes ganan más de 100.000 euros.
Notables diferencias
Esa maraña de cambios tributarios, que provoca las quejas de expertos y empresarios -el presidente de CEOE, Juan Rosell, llegó a ‘suplicar’ durante la presentación del documento de Reaf ‘un marco estable de impuestos’-, ha colocado a estas autonomías en la parte de arriba de la tabla en el ranking de presión fiscal. Sin embargo, ni Aragón ni Baleares ni Navarra son las más caras en este sentido.
Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara con el apoyo parlamentario de Podemos, se perfila como la región donde se pagan más impuestos. El IRPF es especialmente caro incluso para rentas medias de 30.000 euros, con una diferencia de casi 600 euros anuales respecto a la comunidad en la que menos se paga, Madrid. Esta comunidad cuenta, además, con el Impuesto de Patrimonio más elevado junto a Aragón y Asturias (ver tabla superior), y es la segunda que grava Sucesiones con más intensidad.
Cataluña, donde ahora gobierna la coalición Junts pel Sí con el apoyo de la CUP, ostenta el honor de encabezar la clasificación de IRPF para rentas de 20.000 euros. Un catalán que declare esa cantidad debe pagar 2.510 euros al fisco, 207 euros más al año que Madrid, de nuevo donde menos se paga. Esta comunidad es, junto a Valencia y Galicia (presidida por el PP de Alberto Núñez Feijoo), la que mayor AJD y TPO impone a las transacciones inmobiliarias.
Andalucía, con el PSOE de Susana Díaz al frente, mantiene los impuestos de Patrimonio y Sucesiones más elevados de España, seguida de cerca por Asturias. En este caso, las Islas Canarias se han convertido en el mayor paraíso fiscal del país, con un gravamen ínfimo incluso para grandes fortunas.
Enjugar el déficit y poder gastar más
Aragón, Baleares o Valencia aprobaron ambiciosos paquetes sociales en 2015 para combatir pobreza energética, desahucios, dependencia y paro de larga duración, entre otras lacras.
Ese aumento del gasto, combinado con la necesidad de ajustar el déficit -en un momento en el que el déficit autonómico podría no haber bajado apenas respecto al año 2014, del 1,66 por ciento-, explicaría por qué los nuevos Gobiernos han tirado al alza de los tributos.
