El objetivo es que exista proporcionalidad en ese sentido y afecte a los bolsillos más privilegiados
Son unos depredadores fiscales y no lo ocultan. Unidos Podemos tiene previsto, en el caso de que gane las elecciones el 26J y pueda formar Gobierno, crear un sistema de pago de multas de tráfico que se adecúe a la renta de los infractores. «Se trata de modificar el actual sistema por uno más justo, proporcional y funcional», reza el apartado 258 de su programa electoral de la formación que dirige Pablo Iglesias.
El objetivo es que exista proporcionalidad en ese sentido y afecte a los bolsillos más privilegiados, ya que una sanción económica no les perjudica. Los socialistas no ven mala la idea de la «proporcionalidad» de las multas aunque populares y ciudadanos no comparten la idea salvo en casos de alcohol y drogas.
Cabe recordar como hace ElEconomista que en España ya se han dado casos que han suscitado cierta controversia en este sentido. Especialmente sonado fue el del delantero del Real Madrid Karim Benzema, quien pudo ser sancionado en 2013 con 400 euros al día hasta alcanzar un total de 146.000 euros por circular a 216 km/h en la madrileña autopista M-40, pues su salario por aquel entonces se fijaba en ocho millones de euros por temporada. No obstante, al no aplicarse ese criterio sancionador en España, el juez le acabó imponiendo una multa de 18.000 euros.
Finlandia es uno de los escasísimos países –recuerda Libremercado— que cuenta con un sistema de multas similar, concretamente en materia de Tráfico. Hace algunos años saltó a la prensa internacional la noticia de que un conductor finlandés había recibido una multa por exceso de velocidad con un importe de 54.000 euros, después de que las autoridades comprobaran en su declaración de la renta que sus ingresos anuales superaban los 6 millones de euros. No es la sanción más alta. En 2003, un joven finlandés tuvo que pagar 170.000 euros por circular a 80 km/h en una zona de 40 km/h.
Este tipo de sistemas genera muchas dudas a nivel jurídico, razón por la cual es una excepción en los países desarrollados, ya que viola el principio básico de igualdad ante la ley, y, por tanto, es contrario al Estado de Derecho.
Al tratarse de una infracción, al igual que sucedería con un delito, se considera que la pena debe ser lineal con independencia de quien la cometa para evitar discriminaciones jurídicas. Llevado al Código Penal, por el ejemplo, la aplicación de un sistema proporcional supondría una mayor o menor condena en función, no del tipo de delito cometido, sino de las circunstancias personales del delincuente e incluso de la víctima.
