El Ministerio de Fomento «tratará de minimizar» el impacto económico que suponga para las arcas del Estado el rescate de las ocho autopistas en quiebra en el momento en que se vean abocadas a la liquidación, según indicó el titular del Departamento, Iñigo de la Serna.
El ministro detalló ante la Comisión de Fomento del Congreso que, no obstante, aún queda mucho tiempo para que Fomento tenga que asumir las autopistas y pagar la correspondiente responsabilidad patrimonial de administración (RPA), esto es, el importe a abonar a sus actuales concesionarias por la inversión que realizaron en su construcción. Según explicó, pueden pasar al menos seis meses desde que un juez dicta la liquidación de una autopista hasta que se rescinde el contrato de concesión y que, sólo cuando se anula este contrato, es cuando se comienza a contabilizar la RPA. En este punto, De la Serna garantizó que el Ministerio «actuará en la medida de lo posible para minimizar el impacto, pero garantizado que las vías sigan en funcionamiento». Durante su primera comparecencia en el Congreso, el ministro aseguró que ante la quiebra de las autopistas, su Departamento no actúa con decisiones políticas, sino que se limita a cumplir lo establecido en la ley para los supuestos de quiebra y liquidación de las concesiones de infraestructuras públicas. De la Serna no indicó el importe al que puede ascender la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, el monto que tendrá el Estado tendrá que abonar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción, si bien en anteriores ocasiones ha indicado que será una cuantía inferior a la de unos 5.000 millones de euros que estima el sector.
