Al sector tabaquero podría aplicársele el refrán aquel de "Dios aprieta pero no ahoga"
Somos testigos de numerosas cruzadas morales. Esfuerzos que resultan tan vistosos como ineficaces. Nuestra época está pletórica de histerias punitivas y la demonización de ciertos productos (tabaco, alcohol, refrescos o comida basura) y de ciertas empresas (Mercadona, McDonalds, Zara) está a la orden del día. La fabulación pseudocientífica se sirve del miedo y la ignorancia para sembrar alarmismo.
La cruzada antitabaco fue la gran apuesta moral de todo gobierno ‘saludable’. España no ha sido una excepción. Desde 2006, los espacios sin humo se convirtieron en un lugar común en España, al entrar en vigor la primera ley antitabaco que prohibía fumar en los centros de trabajo y establecía importantes restricciones en bares y restaurantes, seguida de una ley todavía más restrictiva promulgada en 2011.
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero justificó la ley argumentando que el 16 por ciento de todas las muertes que se producen en España de personas mayores de 35 años son consecuencia del consumo de tabaco.
La ley pretendía limitar la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco, y en ella primaba el derecho de los fumadores a respirar aire no contaminado.
Con esta nueva cruzada antitabaco ya no se podía fumar en centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre; ni en los centros comerciales y salas de fiesta cuando se permita la entrada a menores, puesto que la edad legal para fumar son los 18 años. Tampoco estaba permitido encender un cigarrillo en los transportes públicos.
En 2002, los países de la región europea acordaron una estrategia para controlar el tabaquismo. En diciembre de 2004, España ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (2003) y, un año después, aprobó la ley que la situó a la vanguardia europea de los que persiguen el humo en pos de una mejor salud pública.
La primera piedra contra el hábito del cigarro fue lanzada por Singapur, que prohibió en los años setenta la publicidad del tabaco y restringió su consumo en lugares públicos. Años después, el 79 por ciento de la población del país asiático se encontraba libre de humo y nicotina.
En el seno de la Unión Europea, fue Irlanda la primera en abrir fuego al convertirse, en marzo de 2004, en el primer país del mundo que prohibía totalmente el consumo de tabaco en sitios públicos, entre los que se incluían los restaurantes y los emblemáticos pubs.
Italia se apuntó a la carrera restrictiva del tabaco con una ley que contemplaba multas de más de 500 euros para quienes fumen en presencia de menores o embarazadas. Francia, país que hizo de los cigarrillos Gitanes un icono de su cultura, se abonó en 2008 con más restricciones a los fumadores. En Estados Unidos nueve estados comparten leyes similares a la aprobada en España, siendo California la pionera, en 1998, al no permitir fumar ni siquiera en las playas.
¿Ha tenido éxito esta nueva cruzada del Estado benévolo?
Si el objetivo de la ley era proteger al fumador pasivo, los resultados indican que esa norma fue muy efectiva para la gran mayoría de los ciudadanos, «al conseguir que el porcentaje de adultos no fumadores expuestos al humo del tabaco (un caso claro son los camareros) se haya reducido un 90 por ciento», según La Vanguardia.
El dato negativo que suele pasarse por alto fue la consecuencia indeseada que tuvo esa ley al trasladar el humo a los hogares y a los coches, donde la norma no llega. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Investigación Biosanitaria advierte de que los niños son ahora los principales fumadores pasivos después de la entrada en vigor de la ley al fumar sus padres más cantidad de cigarrillos en esos espacios privados. —Los niños tragan más humo tras la ley antitabaco—
Quienes más la sufrieron fueron los hosteleros ya que la ley de 2005, previa a la definitiva de 2011 ya limitaba el consumo de tabaco, pero permitía fumar en zonas especialmente habilitadas, por lo que muchos hosteleros invirtieron ingentes cantidades de dinero en reformas e instalaron en sus locales extractores, climatizadores o mamparas que luego no sirvieron de nada porque la nueva ley prohibió fumar en muchas de estas zonas. Fue una tomadura de pelo.
«Fue una medida elegida en el peor momento posible», comenta Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR). «El impacto, en pleno epicentro de la crisis económica, fue tremendo», señaló al diario El País. Gallego indica que la prohibición supuso «un cambio de hábitos muy importante». Explica que mucha gente fumaba en momentos de relax asociados a pasar un rato en un establecimiento hostelero, una «ocasión de consumo que ha quedado suprimida». —Cinco años de coto al humo en el bar—
Otra consecuencia indeseada de la ley fue el aumento del consumo y tráfico del tabaco ilegal. Se dio la paradoja de que la ley hizo caer las ventas de cigarrillos pero no el consumo de tabaco, producto de un trasvase del consumo de tabaco del mercado legal al ilegal.
«Dios aprieta pero no ahoga»
Al sector tabaquero podría aplicársele el refrán aquel de «Dios aprieta pero no ahoga». Detrás de las leyes antitabaco se esconde el secreto de debilitar pero no matar al sector porque genera 56.000 empleos y es la quinta fuente de financiación de la Hacienda pública, aportando más de 9.100 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
A esto hay que sumar la excesiva hiperrregulación que azota al sector. Las nuevas exigencias de la Directiva de Productos del Tabaco, que entró en vigor en mayo de 2016, implicó «cambiar el envasado y etiquetado de 70.000 referencias europeas de productos del tabaco, lo que ha obligado a su vez a modificar todos los procesos de fabricación, impresión y a adquirir nueva maquinaria, con la presión añadida de plazos muy ajustados para su cumplimiento», como explicó el director general de Adelta, Juan Páramo. —El Estado mantuvo estable la recaudación fiscal por tabaco en 2016, hasta 9.110,5 millones—
La lección que puede extraerse del acoso gubernamental al tabaco es que la educación es mucho más eficiente que el BOE y el alarmismo a la hora de reducir el consumo de tabaco. Vivir es peligroso. Y difícil. Tanto como educar ciudadanos responsables y encontrar políticos sensatos.