Será el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que decida qué recomendaciones incorpora a su propio proyecto y cuáles no
La mayoría de los expertos que trabaja ya en el diseño del futuro sistema de financiación autonómico están de acuerdo en acotar de algún modo el régimen foral del que disfrutan País Vasco y Navarra.
Ese consenso se hizo más patente el martes, durante la segunda reunión de este comité.
Según confirmaron a Ingrid Gutiérrez de elEconomista fuentes próximas a los trabajos de la comisión, los sabios debatirán en qué medida estas dos autonomías, que pertenecen al grupo de las más ricas, deberían empezar a aportar al modelo de financiación común.
«No se trata de cambiar el sistema foral».
Finalmente, también se incluirá en el debate la propuesta del experto de Baleares, Guillem López Casasnovas, de crear un modelo de reparto común y «a la carta», con ciertas concesiones que puedan satisfacer parte de los deseos de autogobierno catalanes.
Lo cierto es que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende negociar la financiación de forma bilateral con Moncloa y por ello se negó a proponer un sabio que representase sus intereses en este comité.
Primer borrador en abril
El primer objetivo que los sabios se marcaron en su reunión del martes es tener listo un primer borrador de propuestas el 26 de abril, cuando se celebrará en principio su próximo encuentro. En ese borrador, deberán incluirse las propuestas sobre dos de los puntos a tratar: suficiencia y autonomía tributaria.
El primero de ellos supone preguntarse básicamente si las autonomías necesitan más recursos, quién y cómo debe aportarlos, si se les otorga más capacidad para recaudar, así como valorar si el Estado del Bienestar debe mantenerse tal cual. Las propuestas sobre autonomía tributaria y corresponsabilidad fiscal definirán, por su parte, qué impuestos se ceden y cómo, o si se fija -como solicitan Andalucía y Comunidad Valenciana, entre otras- un tipo mínimo común para Patrimonio o para Sucesiones y Donaciones con el que evitar la competencia fiscal entre territorios.
El acuerdo sobre el asunto de la nivelación (sobre los mecanismos que se fijen para que todas los territorios presten los servicios de forma equitativa) no se cerrará en principio hasta finales de mayo. Es entonces cuando empezarán a abordarse el resto de los asuntos estipulados.
A partir de la próxima semana, una ponencia en la que irán participando los distintos sabios en función de su especialización trabajará de forma semanal. Una vez se consensúe un borrador con estos primeros temas lo elevará al resto del comité, de forma que los demás expertos puedan hacer sus propias aportaciones al texto y éste quede prácticamente cerrado, a falta de algún fleco, a finales del mes que viene.
Pese a que los expertos del Gobierno Central así lo propusieron, no se dará prioridad a ninguno de los puntos sobre el resto. El Estado pretendía analizar cuatro cuestiones previas entre las que se incluían el tema foral y el de la financiación común «pero a la carta» y luego debatir el resto.
Los mecanismos de liquidez
También apostaba por dar preferencia a la conexión del modelo autonómico con la financiación local y a la relación de éste con otros mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que el Gobierno creó para subsanar los problemas de liquidez de las autonomías que no hacían sus deberes y a las que los mercados financiaban a precios muy elevados o no lo hacían.
Este asunto no es menor, si tenemos en cuenta que el propio titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro recientemente que una vez se apruebe el nuevo sistema habrá que ver hasta qué punto estos mecanismos de liquidez son necesarios.
El objetivo que se persigue es que, poco a poco, las comunidades autónomas vayan financiándose por sus propios medios, algo que han venido recomendando numerosos organismos, entre ellos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Con todo, será el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que decida qué recomendaciones incorpora a su propio proyecto y cuáles no. Éste deberá debatirse con las propias autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el objetivo de poder contar con un nuevo modelo operativo a partir del año que viene -con casi diez años de retraso sobre la fecha en que caducó el modelo vigente-.
