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El día después del 1 de octubre, cuando la Generalitat prevé celebrar el referéndum independentista, los controles de Hacienda sobre sus cuentas continuarán.
Así lo ha asegurado este 20 de septiembre de 2017 el ministro Cristóbal Montoro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados de esta tarde al apuntar que los controles aplicados «van a estar en vigor de manera indefinida».
«Al menos mientras siga el peligro para la economía y la sociedad».
«Estas medidas siguen en vigor, diga lo que diga el vicepresidente de la Generalitat».
«Se va a garantizar la estabilidad presupuestaria atendiendo a la legalidad vigente».
Es decir, las medidas de control de Hacienda sobre las cuentas catalanas seguirán aplicándose «durante meses» más allá de la convocatoria del referéndum. Montoro ha descrito como «paradójico y lamentable» que la comunidad que más «se ha beneficiado de los mecanismos de liquidez», al recibir 69.278 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sea la que tenga la peor calificación para las agencias de rating.
Ello es fruto, ha achacado, de «la errática gestión de la Generalitat».
La interventora ha enviado el informe
Montoro ha firmado la orden para controlar todo gasto de la Generalitat, después de que el Govern no adoptará la congelación de todo gasto que no fuera a los servicios públicos esenciales, como le pedía Hacienda.
Todo ello después de que la semana pasada, Junqueras se negara a informar semanalmente de los gastos de la Generalitat, momento en el que se activaron las alarmas en el Gobierno ante la posibilidad de que dedicará dinero público a la consulta soberanista.
Precisamente, Montoro ha revelado que la interventora de la Generalitat ha remitido al Ministerio este informe semanal de gastos que Junqueras se negó a enviar.
El ministro ha descrito que Hacienda está analizando el informe para comprobar que no se han dedicado recursos públicos a la organización de la consulta independentista.
El mayor acreedor del Govern
Montoro ha tachado este comportamiento de «amenaza directa para las finanzas del Estado».
Y ha recordado que el Gobierno central es el «principal acreedor» de la Generalitat, ya que esta debe al Estado 50.527 millones de los 75.403 de pasivo total que tiene el Govern, el 67%, un porcentaje que en 2012 era del 16,6%.
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