El Tribunal de Cuentas ya impuso el pago de 5,2 millones de euros al anterior expresident, Artur Mas, y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, promotores del 9-N en 2014
Pintan bastos para los malandrines. El expresident Carles Puigdemont y los trece integrantes de su Govern -destituido desde hace una semana- podrían perder todos sus bienes y patrimonio personal el próximo lunes 6 de noviembre de 2017.
Entonces acabará el plazo dado por la jueza Lamela para pagar los 6,2 millones de euros de fianza.
Salvo sorpresa de última hora, los miembros del Govern no podrán asumir el pago de esa cantidad antes del martes, por lo que la Justicia pasará a embargar todos los bienes de los 14 miembros que componían el Govern.
Según su declaración de bienes, entre Puigdemont y su equipo suman un patrimonio personal de 3,4 millones de euros, poco más de la mitad de la suma total exigida.
Es decir, su decisión de seguir adelante con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia puede costarles no sólo la libertad (ocho de los 14 miembros del Govern ya están en prisión), sino que afectará directamente a su patrimonio personal.
Eso ocurre porque los querellados deben responder con todos sus bienes del dinero público utilizado de forma irregular.
Me da la impresión de que la juez Lamela ha asustado al PP y al PSOE casi tanto como a los golpistas catalanes https://t.co/dhdgaZURNk
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 4 de noviembre de 2017
6,2 millones: las tres partidas aprobadas para el 1-O
En ese caso, los 6,2 millones corresponden a la suma de las tres partidas presupuestarias aprobadas para costear el referéndum del 1-O, y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
El patrimonio personal de los 14 querellados, que va desde los 919.735 euros del exconsejero de Territorio, Josep Rull, a los 44.000 euros de Antoni Comí, exconsejero de Salud, fue un elemento importante en el auto de la jueza Carmen Lamela, que estableció la prisión preventiva para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y para siete exconsellers.
El poder adquisitivo de los querellados es, según el dictamen de la magistrada, un factor que aumenta el riesgo de fuga. «Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero».
Un punto en el que el auto también recuerda el desplazamiento de otros querellados fuera del país para eludir la justicia, en clara alusión a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que siguen huidos junto a él en Bélgica.
No es la primera multa de la Justicia por la celebración ilegal de una consulta independentista.
El Tribunal de Cuentas ya impuso el pago de 5,2 millones de euros al anterior expresident, Artur Mas, y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, promotores del 9-N en 2014.
Los Morancos se descojonan del sainete de Puigdemont y petición de asilo político
