El exvicepresidente del Gobierno asegura que se hizo a espaldas del Banco de España

Rodrigo Rato acusa a Luis de Guindos de precipitar el rescate de Bankia para beneficiar a la gran banca

El que fuera director del FMI cree que el Gobierno quiso el rescate de España y sólo logró el bancario

Rodrigo Rato acusa a Luis de Guindos de precipitar el rescate de Bankia para beneficiar a la gran banca
Rodrigo Rato. EF

A mi en 30 años de política no me puede acusar de delincuente

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sugerido este 9 de enero de 2018 que el rescate de la entidad fue una decisión política en la que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó al margen al Banco de España y que finalmente benefició a los grandes bancos.

En particular, el que fuera director del FMI ha asegurado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, encargó a «los principales competidores de Bankia» la previsión de las provisiones que podría necesitar la entidad que presidía, antes de su nacionalización, y que estos mismos bancos fueron «los grandes receptores de los depósitos que salieron» tras su rescate en el verano de 2012.

Durante su comparecencia ante la comisión en el Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Rato ha hecho referencia a las reuniones con el ministro Guindos, que no quiere entrar en polémicas, y los principales banqueros del país -Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé, presidentes entonces de Santander, BBVA y CaixaBank- en marzo, abril y mayo de 2012.

«En ninguna de aquellas tres reuniones estuvo presente el Banco de España; creo que se lo ocultaron».

Pero los dardos del exministro económico de los gobiernos de José María Aznar contra Guindos no terminan ahí. Rato ha ido más allá y ha explicado que la exclusión del Banco de España no fue sólo cuando se organizó el rescate de Bankia si no que también cuando se decidieron las cifras de la posterior inyección de capital, solicitada por el nuevo equipo del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como consecuencia de la reformulación de las cuentas.

Ha recordado que el entonces gobernador confesó que se le había «exigido silencio», y que la inyección de 19.000 millones no tuvo en cuenta su opinión -a pesar de que «por ley tiene que decidir sobre los bancos»-.

Esta cifra, ha recordado, también contravino la opinión de Oliver Wyman, firma auditora contratada por el Gobierno de Rajoy para evaluar el estado de la banca.

«(Este informe) Solo respaldaba 19.000 millones en el escenario más estresado, y en un plazo de tres años», ha subrayado, recordando que, en su comparecencia ante la comisión de investigación, el entonces subgobernador Javier Aríztegui aludió a ese informe diciendo que, de toda la banca, únicamente había que aprovisionar 4.000 millones de crédito inmobiliario renegociado.

«La reformulación de las cuentas fue ilegal»

«Deloitte no firmaba las cuentas. Tenía, por contrato y por ley, que dar su opinión. No la dio, pero la había dado informalmente», ha aseverado, asegurando que el 19 de abril señaló en un documento que «no tenía ninguna salvedad».

«Si hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley, y que nadie se le ha exigido, y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer».

Esta reformulación, ha insistido, fue ilegal, y ha asegurado que así lo consideran todas las partes de la causa abierta por la Audiencia Nacional.

«El juez, el fiscal, el FROB, los peritos, los peritos privados… Todos coinciden en que la reformulación es ilegal. Hasta el FROB, que es el primer accionista de Bankia».

Así, ha explicado que el agujero patrimonial de casi 3.000 millones no debían haberse contabilizado, según las normas internacionales y españolas de contabilidad, ya que eran consecuencia de cifras o efectos económicos posteriores a unas cuentas ya cerradas.

A renglón seguido, ha cargado contra Deloitte por no ratificar formalmente las cuentas, a pesar de dar opinión favorable de manera informal, y después dar la luz verde a la refomulación.

«No cumplió su obligación legal y contractual de dar su opinión sobre el 2011 y, sin embargo, da su opinión favorable de unas cuentas en la que todo el mundo coincide, hasta el primer accionista de Bankia, que son ilegales».

Por último, ha negado tener responsabilidad alguna del rescate de la entidad, traspasándola a los diputados, por controlar la acción del Gobierno, a los nuevos gestores de la entidad tras su salida, y al propio Ejecutivo, recordando también que Guindos afirmó ante el Congreso que daría a los nuevos gestores lo que pidieron y que el propio Goirigolzarri amenazó con dimitir si no se inyectaban esos 19.000 millones.

«Ustedes (en referencia a los diputados) son responsables de esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Yo los que pedí fueron 4.600 millones que me dio el FROB. Se pidieron por responsables nuevos de Bankia, al Gobierno, sin contar con la opinión del Banco de España, en base a una reformulación que ahora dicen que es ilegal. ¿No es este el Parlamento? ¿No son los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen todo ahí».

La salida a bolsa… «controlada por la CNMV»

La salida a bolsa de Bankia no ha sido un tema que se ha pasado por alto. Rato ha asegurado que la información de la OPV proporcionada a los clientes minoristas durante el proceso estaba «totalmente controlada» por la CNMV.

El directivo ha negado que existiesen usuarios «forzados» por la entidad a comprar acciones.

De hecho, ha recordado que la cotización de los títulos de Bankia se mantuvo por encima de la media del sector desde el momento de su debut, en abril de 2011 hasta mayo de 2012, y que fue cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, le «exigió la dimisión, el momento en el que la acción se desplomó».

Respecto al precio de salida a bolsa de Bankia, que incluía un descuento del 75% sobre el valor en libros de la entidad, Rato ha recordado que este fue fijado por los bancos colocadores. En este sentido, ha incidido en que recientemente el banco ha realizado una colocación «precipitada» del 7% de su capital por debajo de su valor en libros.

«La colocación se realizó por la cantidad esperada, cumpliendo escrupulosamente las condiciones de la CNMV», ha sostenido el expresidente de Bankia, que agrega que el resultado de la colocación fue valorado «positivamente» tanto por el Gobierno, como por el Banco de España, y obtuvo el grado de inversión por parte de dos de las tres principales casas de análisis.

«¿Cree que la CNMV, el Banco de España, que todas las casas importantes de auditoría, que trabajaron para nosotros en la salida a bolsa, así como seis de los bancos colocadores más importantes del mundo y las agencias de rating se equivocaron?,» ha reprochado el exdirigente al diputado de Ciudadanos Toni Roldán.

Rajoy quiso un rescate completo de la economía

Rato ha dado a entender que el Gobierno de Rajoy quiso el rescate de la economía española en su conjunto tras su llegada al poder.

Sin embargo, ha añadido, sólo logró el del sector financiero en el verano de 2012, «el único rescate que le ofrecieron», y la prima de riesgo española llegó a 700 puntos básicos, más de 400 puntos por encima que un año antes. Todo ello contribuyó, en su opinión, a que entre enero y septiembre de ese año, 250.000 millones salieran de la banca española, el 25% del PIB.

El rescate a la banca se consiguió después de que De Guindos, a poco de asumir el cargo afirmara que el sector necesitaba más de 50.000 millones. A partir de ese momento, las acciones de todos los bancos empezaron a caer y el Ejecutivo se apresuró en aprobar dos decretos con mayores exigencias para cubrir el riesgo inmobiliario.

El primero de ellos llegó en febrero y el grupo BFA-Bankia fue capaz de cubrirlo, pero el segundo decreto llegaría en mayo de 2012 y antes de que se aprobara, según Rato, De Guindos le exigió que dimitiera como presidente de Bankia.
Culpa a Zapatero de la burbuja de crédito

En otro orden de cosas, Rato ha responsabilizado a la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de relajar las exigencias a las entidades financieras y provocar la burbuja de crédito.

Ha lamentado que, tras su mandato, se abandonara el consenso político para elegir la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a pesar de los acuerdos alcanzados con el PSOE anteriormente para «evitar la politización de la cúpula» del organismo supervisor.

«Un consenso que, lamentablemente, se abandonó en siguientes legislaturas, junto con la aplicación de las provisiones contracíclicas, que también se abandonaron».

Estas provisiones -ha recordado que el sector financiero español las usó de forma «pionera» durante su mandato- cayeron de forma «intensa» durante los años 2005 y 2006, ya con el PSOE en el Gobierno, según datos del Banco de España esgrimidos por Rato.

En este sentido, ha subrayado que, según el propio Banco de España, «se comprueba la explosión de crédito a partir de 2004», ya que si bien la relación de crédito con PIB «no superó el 120% hasta 2003», este indicador «se elevó hasta el 210% en años posteriores».

Al día con la Agencia Tributaria

Al margen de los asuntos relativos a la crisis financiera, Rato ha asegurado que no tiene dinero en paraísos fiscales y que está al día en sus declaraciones con la Agencia Tributaria.

«No tengo dinero en paraísos fiscales, ni he dejado de pagar dinero a Hacienda nunca. Es verdad que tengo inspección de Hacienda abierta y que me han detenido, pero todavía no han sido capaces de hacerme una declaración. Y estoy entrando en el cuarto año», ha asegurado. Rato rebaja de 8 millones a 85.000 euros lo que no declaró a Hacienda.

«Estamos ya en enero de 2018 y todavía no he visto que hayan sido capaces que se me vaya a acusar de delito fiscal», ha replicado el exvicepresidente.

«Usted dice que tengo paraísos fiscales… ¿De dónde? Hacienda tiene que decir todavía qué dinero le debo», ha replicado, tras la intervención del portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Alberto Garzón, que se ha remitido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se acusaba a Rato de cometer varios delitos fiscales.

En este sentido, ha dicho que considera que el informe de la Guardia Civil es «falso».

«Puede citarlo, pero no ha llegado a ser una acusación y llevamos tres años», ha apostillado. Sin embargo, el exvicepresidente ha rechazado tales acusaciones, asegurando haber pagado todos los impuestos que le corresponden y declarado todas sus rentas de manera voluntaria.

«No porque la inspección me haya podido encontrar ninguna renta que yo no haya declarado».

En todo caso, ha reconocido tener una «discusión con Hacienda por la remuneración a través de sociedades profesionales».

«La tengo, lo reconozco. Como muchísima gente».

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído