Huele que apesta la muy socialista y todopoderosa Junta de Andalucía. El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés es «la cúspide» de una «organización criminal perfectamente estructurada» ideada y controlada por él:
«con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta de Andalucía posible y enriquecerse mediante métodos irregulares e ilícitos».
Esta es la contundente conclusión a la que llega la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional tras analizar montañas de documentación (facturas, bases de datos, informes y tablas de Excel) requisadas en las oficinas del Grupo Prescal, buque insignia del «entramado empresarial» dirigido por el antiguo político socialista. Entre 2008 y 2011 acaparó 52,6 millones de euros a través de fondos públicos para cursos de formación de parados y trabajadores.
En un informe policial al que ha tenido acceso Antonio R. Vega de ABC, entregado hace pocos días a María Núñez Bolaños, la juez que investiga el supuesto desvío de dinero público por parte del empresario, la UDEF destapa una red de favores hacia él por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia autonómica encargada de gestionar estos programas de ayudas.
