Se confirma una vez más que los dirigentes del PSOE no saben muy bien de dónde sale el dinero público, ni quien paga las facturas en España. También que tiene una irrefrenable proclividad a dejar un agujero en las cuentas publicas.
En apenas 17 días como presidente de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez ha efectuado una batería de promesas cuyo coste asciende, por ahora, a 2.500 millones de euros.
El restablecimiento de la sanidad universal, la futura eliminación de los copagos farmacéuticos o la decisión de suprimir peajes se han adoptado sin una sola medida de ajuste compensatoria y sin tener en cuenta a la Comisión Europea, que ya ha advertido que España incumplirá este año su meta de déficit y deberá acometer un ajuste estructural de 6.500 millones el próximo año.
Cabe recordar, además, que el Ejecutivo socialista planea dedicar más recursos a las pensiones -hasta ahora muestra un inequívoco compromiso de vincularlas al IPC a corto, medio y largo plazo, y no solo hasta 2019 como querían el PP y el PNV-; y también al sistema de financiación autonómica, sin que por el momento hayan trascendido los planes al respecto.
Sí se sabe que la nueva titular de Hacienda, María Jesús Montero, era partidaria de destinar 16.000 millones más al año, aunque hoy su papel ha cambiado por completo. Esa propuesta la hizo cuando aún era consejera del ramo en Andalucía, por lo que no es descartable un cambio de discurso tras haber pasado a integrar el nuevo Consejo de Ministros.
También ha trascendido la intención del nuevo Ejecutivo de revertir cuantos «recortes» aprobó Mariano Rajoy durante su presidencia, por lo que no sería extraño que, cuando el PSOE presente los Presupuestos 2019, acabe prometiendo mayor gasto en áreas como la educación, las políticas de empleo, la vivienda o los servicios sociales.
Como subrayan José Luis Bajo Benayas, Alberto Vigario y Javier Mesones en ‘El Economista, todo ello se produce en un complejo contexto de fragmentación parlamentaria que abocará al nuevo presidente a convocar elecciones generales dentro de un año o, a lo sumo, algo más de tiempo.
Y eso significa que las promesas de gasto de hoy tendrán que ser asumidas por quien releve a Sánchez en La Moncloa, un trago de difícil digestión toda vez que España sigue encontrándose con graves problemas de deuda pública (casi en el 98% según los datos hechos públicos el 18 de junio de 2018) y se encuentra en pleno proceso de reducción del déficit público.
Éste debe situarse, según los planes que remitió a la UE el anterior Gobierno, en el 1,3% del PIB el próximo año.
