Se la ha envainado Pedro Sánchez con los inmigrantes, también con el juez Llarena y a este paso se la envianará en casi todo (El ‘okupa’ y un Gobierno sin coherencia ni proyecto).
El Gobierno socialista no ha cumplido ni 100 días y ya se ha enfrentado al primer gran fracaso de su política económica en el plano legislativo: no aprobar el techo de gasto bajo los plazos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se cumplían este lunes 27 de agosto de 2018.
«Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos de estabilidad, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento».
Esto, como explica Eduardo Ortega Socorro en ‘El Economista’ este 27 de agosto de 2018, es lo que dicta la legislación y es lo que el Ejecutivo tendría que haber ejecutado después de que el pasado 27 de julio el Congreso rechazara la senda fiscal que presentara María Jesús Montero, ministra de Hacienda ( El partido neonazi de Alemania pone a Sánchez como modelo a seguir por su forma de echar a los inmigrantes).
Curiosamente, hasta la semana pasada, la intención del Gobierno siempre fue la de cumplir con este mandato. Lo hizo todo para ello, incluido convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en medio de agosto, el primero celebrado telemáticamente.
El Ejecutivo incluso había anunciado que el pasado viernes el Consejo de Ministros habría aprobado el nuevo déficit para el ciclo 2019/2021. ¿Por qué se decidió entonces suspender la tramitación? Para lograr que en algún momento una senda fiscal diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez pueda hacerse realidad.
La revancha del PP
El planteamiento, en realidad, es muy sencillo: el Senado puede vetar el techo de gasto y mientras esto sea así ninguna propuesta socialista superará esta barrera. La Cámara Alta está en manos de un Partido Popular en mayoría absoluta y con ganas de revancha que tiene clara su estrategia: bloquear en lo que sea posible la política económica del Gobierno y provocar, si es posible, un adelanto electoral.
De ahí que para eliminar este escollo, como ya viene contando elEconomista, el Gobierno haya decidido suspender ‘sine die’ la aprobación del techo de gasto y esté tramitando con sus aliados la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, concretamente la del ahora funesto artículo 15, que tanto poder otorga a la Cámara Alta y a un PP que no le va a hacer ningún favor a un Ejecutivo socialista.
Aunque no se le puede afear al Gobierno que emplee las armas legislativas a su alcance para sacar su política económica adelante, el tiempo y las formas no han sido los adecuados,sobre todo por la sensación de improvisación que emana de ellos.
Así lo demuestra el que, en todo momento, primeros espadas socialistas como Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, defendieran que había que priorizar un pacto para aprobar la senda fiscal sobre la citada reforma legislativa.
O que Montero ya estuviera desarrollando y elaborando los Presupuestos Generales para 2019 asumiendo como propio el límite de déficit que del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
A todo esto se suma que el retraso de la senda de estabilidad da lugar a un efecto dominó de insospechadas consecuencias: sin techo de gasto aprobado no puede comenzar la tramitación y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Aunque sí se pueden negociar, a tenor de las palabras y las intenciones expresadas por el Gobierno y Podemos,
Sin embargo, la aprobación de la senda fiscal podría dilatarse «meses», según fuentes parlamentarias. El calendario que marque la mesa del Congreso hoy para la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad es vital y clave para que el Gobierno no se vea obligado a prorrogar presupuestos el próximo año.
