Los investigadores de la Benemérita echan por tierra la versión y defensa del PSOE sobre el escándalo
«Las ayudas de los EREs eran conocidas por el Consejo de Gobierno».
Con esta contundente frase, pronunciada por el comandante de la Guardia Civil que coordinaba la investigación de la UCO sobre los ERE de Andalucía, se ha tumbado la defensa que las direcciones del PSOE –tanto en Madrid con Pedro Sánchez como en Sevilla con Susana Díaz– han venido realizando de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán a quienes exculpaban de cualquier responsabilidad sobre este escándalo.
La declaración de este agente, quien estuvo en el Grupo de Delitos Financieros de la UCO hasta 2013 y posteriormente pasó al Grupo de Delitos contra la Administración, ha sido clara al respecto y además ha aportado otros datos que han sacado de quicio a las defensas.
Así, tras el análisis de ayudas individuales y de todo el procedimiento específico de concesión de ayudas, en base al convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el dinero allegado al instituto a través de las transferencias de financiación con cargo al programa 31L, el agente ha asegurado que “se daban con una falta total de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de las ayudas”.
Así, ha enumerado elementos «irregulares» que se encuentran en los informes de la Guardia Civil como «la falta de competencia» del director general de Trabajo para conceder las ayudas, «la falta de solicitud» por parte de los trabajadores o «la no justificación» de las mismas.
Durante su declaración y en base a la regulación existente y desde un punto de vista policial, ha indicado que la finalidad de las transferencias de financiación era la aportación de fondos para la gestión corriente del IFA/IDEA, «no para gastos previamente definidos», de ahí uso «inadecuado«.
«No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas sociolaborales o a empresas».
El agente ha subrayado que tampoco encontraron estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas, resaltando:
«Se pagaban comisiones muy por encima del precio de mercado y la Junta debió velar por el buen uso de los fondos públicos».
Sobre la presencia de intrusos, el comandante ha afirmado:
«Nos llamó la atención las relaciones familiares y la afinidad al PSOE de éstos».
Enumeró casos de familiares del ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, del ex chófer de Francisco Javier Guerrero, del propio ex director general de Trabajo, de exconcejal del PSOE en Camas, del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o de las secretarias de Guerrero.
En este sentido, ha afirmado que no considera que el proceso de depuración de la Junta sobre estos intrusos «reúna los requisitos mínimos para ser tenidos en cuenta».
Precisamente, sobre las ayudas recibidas por las empresas de Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero, y en base a las declaraciones de Trujillo, ha indicado que estos «usaron dinero para consumo personal».
Al respecto del convenio marco, el agente ha indicado que les «llamó la atención» que se apruebe en julio cuando ya se estaba trabajando en la elaboración del decreto del reglamento de subvenciones de la Junta, que regulaba las ayudas y subvenciones.
«Tras la investigación, se deduce que había legislación estatal y autonómica suficiente para regular este tipo de ayudas, sin necesidad del procedimiento específico».
