La mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid

El Supremo confirma la absolución de todos los acusados del ‘Caso Guateque’: Grabaciones ilícitas

El fiscal, no obstante, pone de manifiesto la existencia de un soborno, fueron "asumidos, corroborados, ratificados y aportados a la causa por el propio testigo"

El Supremo confirma la absolución de todos los acusados del 'Caso Guateque': Grabaciones ilícitas
Stop corrupción

La sentencia da por nulas todas las pruebas practicadas debido a la forma en que se consiguió dicha grabación

El Supremo ha confirmado la absolución de los 30 procesados del ‘caso Guateque’, considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, al considerar ilícita la grabación que originó la investigación, aportada por una persona con los medios de la guardia civil sin autorización judicial.

En una sentencia, la Sala II desestima los recursos de casación de la Fiscalía y del Ayuntamiento contra la resolución de la Audiencia de Madrid de junio del pasado año, que absolvió a todos los acusados tras dar por nulas todas las pruebas practicadas debido a la forma en que se consiguió dicha grabación.

La Fiscalía pedía entre seis meses y 31 años de prisión para los treinta acusados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son «nulas» y «carentes de validez», ya que la grabación de un testigo protegido que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez Santiago Torres y al margen de cualquier procedimiento penal.

El fiscal señaló en su recurso que los datos aportados por la conversación grabada, en la que se pone de manifiesto la existencia de un soborno, fueron «asumidos, corroborados, ratificados y aportados a la causa por el propio testigo». En este sentido, la Fiscalía sostiene que la grabación de la conversación por parte de uno de los intervinientes no vulneró el derecho a la intimidad del otro.

Asimismo, el Ministerio Público considera «inadmisible», tal y como dice la Audiencia Provincial de Madrid, que la Guardia Civil provocara la comisión de los delitos investigados. Recuerda que esa conversación se produjo antes del inicio de la investigación policial, puesto que aún no se había presentado la denuncia, y, por tanto, se trata de un encuentro que «no fue programado, ni vigilado, ni orientado en modo alguno por la Guardia Civil».

El fiscal, que pidió al inicio una suma de 250 años de cárcel, rebajó solo las penas a los procesados que reconocieron los hechos de los que se les acusaba. En cambio, mantuvo la pena para el resto, entre ellos para el exjefe de División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, y los once años de prisión para su superior, Joaquín Fernández Castro.

Durante el juicio Sara López Moreno, exfuncionaria de la Junta de Distrito de San Blas, se llegó a declarar culpable y admitió que cobró de un intermediario 2.500 euros por facilitar que una licencia saliera adelante

El auto de incoación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, afirma la sentencia, se fundamentó en una supuesta grabación espontánea realizada el día 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, pues así resultaba del atestado, y «no en lo verdaderamente sucedido, que de haberse puesto en conocimiento del juzgado, tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones».

En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.

Durante el juicio Sara López Moreno, exfuncionaria de la Junta de Distrito de San Blas, se llegó a declarar culpable y admitió que cobró de un intermediario 2.500 euros por facilitar que una licencia saliera adelante.

El extécnico de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón ha sido uno de las piezas clave del juicio. «Yo estuve en prisión y estaba hostigado por dos funcionarios en la cárcel, ya que el juez dijo que yo había confesado. Me tachó de chivato. Un día me llevaron al Juzgado. Me dijo el juez Torres: ¿Usted ha entregado tres millones a Fernando Ruiz?. Dije que sí. Pero en ese momento hubiera dicho sí a todo», ha confesado.

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