Un fiasco como presidente, un plagiario como escritor y una estafa como persona (El ‘okupa’ Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 28 de abril).
Las elecciones de 2015 se presentaron como «las del cambio». Por primera vez desde la culminación de la Transición, los nuevos partidos amenazaban el statu-quo y lo hacían exigiendo reformas de casi todo.
A la primera, una aritmética parlamentaria endiablada y las pocas ganas de pactar (Podemos y Ciudadanos se excluyeron mutuamente de las negociaciones) llevaron directamente a otras elecciones, tras las cuales han gobernado, por primera vez en estos cuarenta años, dos presidentes de partidos distintos: Mariano Rajoy, apoyado por Ciudadanos, y Pedro Sánchez, con el apoyado por Podemos y los nacionalistas.
En cualquier caso, los nuevos partidos tenían sed de cambio. Sus programas contagiaron a los de los partidos viejos y todos se llenaron de promesas de reformas. La de pensiones, la de financiación autonómica e, incluso, la innombrable ley electoral tenían toda la pinta de ir a reformarse, además de algunos retoques en materia de educación, tributos y empleo, que también se daban por seguros.
Pues bien, la legislatura llega a su fin (con año y medio de antelación, eso es cierto) con un bagaje parlamentario paupérrimo de 8 leyes orgánicas y 23 leyes ordinarias aprobadas, a años luz de la producción legislativa de las anteriores.
Por ejemplo, en la primera legislatura de Rajoy, la holgada mayoría absoluta que tenía le permitió aprobar nada menos que 244 leyes, pero incluso en la anterior el Gobierno en minoría de José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó otras 197.
La pobreza legislativa no ha sido sólo cuantitativa, sino también cualitativa. En estos más de dos años y medio apenas se han tomado medidas de calado. Rajoy intentó reformar la financiación autonómica y hasta llegó a reunir un comité de expertos que elaboraron un informe que debía servir de base.
Pero llegó el 1-O y la reforma de la financiación autonómica quedó guardada en un cajón hasta que se resolviera la crisis catalana. Dos años después, los papeles siguen en el cajón.
Con la de pensiones ha ocurrido otro tanto. La Comisión del Pacto de Toledo se ha reunido hasta la saciedad sin llegar a ningún acuerdo sobre un asunto que todos los partidos tachan de urgente y sobre el que tanto la AIReF como Bruselas han alertado de las consecuencias de no afrontar pronto.
En esta legislatura, no solo no se ha aprobado una nueva reforma de pensiones para afrontar el futuro sino que la que se aprobó en 2012 e iba a entrar en vigor este año, se ha retrasado hasta 2023.
Otro tanto ha ocurrido con la reforma fiscal. Ya en la legislatura anterior, en cuanto Bruselas aflojó la presión sobre las cuentas, Montoro ya prometió llevarla a cabo, pero la cercanía de las elecciones de 2015 le llevó a quedarse sólo con la rebaja del IRPF y dejar todo lo demás para la siguiente legislatura. Ni el año y medio de Rajoy ni los ocho meses de Sánchez parecen haber bastado para pensar en una nueva reforma fiscal.
La recuperación ha llevado la recaudación a niveles récord, mientras Montoro y Ciudadanos dejaban el sistema casi intacto y Montero se encontraba sin apoyos para sacar adelante dos nuevas figuras tributarias (la tasa de servicios digitales y la de transacciones financieras), en las que confiaba ante el escepticismo de todos los organismos- para financiar sus planes de gasto.
También se cierra la legislatura sin grandes medidas en materia laboral. La persistencia de los buenos datos de creación de puestos (pese a la ralentización de los últimos trimestres, el crecimiento del empleo se mantiene en torno al 3% anual y la tasa de paro ha bajado más de 5 puntos, hasta situarse por debajo del 15%) ha hecho que todos miren hacia otro lado a la hora de afrontar los retos del empleo.
Ni el tándem PP-Ciudadanos ni el binomio PSOE-Podemos (que prometió acabar con la reforma laboral de 2012) han dado un solo paso para frenar el aumento de la precariedad.
Lo mismo se podría decir de la vivienda, que sólo ha sido retocada mediante un decreto que apenas tuvo vigencia durante unas semanas, hasta que Podemos decidió tumbarlo por no incluir ninguna medida de control de precios.
Incluso reformas para las que había consenso suficiente, como la supresión del voto rogado o la derogación de la prisión permanente revisable (en la que Ciudadanos dio un sorpresivo paso atrás) tampoco han salido adelante. Incluso Podemos y Ciudadanos dejaron por un momento de lado su mutua desconfianza para abordar una reforma electoral que no fue más allá de varias reuniones.
Con el fin de la legislatura también decaen otras proposiciones sobre las que había más consenso, como la ley ómnibus contra la corrupción, con medidas para la protección de los denunciantes, o la nueva ley hipotecaria, cuya tramitación se ha eternizado hasta tal punto que ya no verá la luz.
Termina así una legislatura exitosa en cuanto a datos económicos. España ha logrado en estos meses recuperar el nivel de PIB y de renta previos a la crisis, se han creado más de un millón de empleos y el turismo se ha apuntalado como uno de los motores de la recuperación.
En el lado negativo, la deuda pública apenas ha sido contenida y tampoco el déficit se ha reducido al ritmo inicialmente previsto (y menos ahora que la ministra de Hacienda ha admitido que este año quedará nuevamente por encima del 2% del PIB).
