Ya era hora (Populismo de cortijo en Canal SUR: las sevillanas de María del Monte le cuestan a los andaluces más de 8 millones de euros).
El nuevo gobierno de Andalucía, conformado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha empezado a desmontar los numerosos entes públicos creados por el Partido Socialista en sus cuarenta años de gobierno en la región sureña.
Como explica D.S.C. en Libertad Digital, la estrategia cuelga de distintas áreas del gobierno y se desarrollará a partir de una auditoría con la que se pretende arrojar algo de luz sobre la llamada tela de araña andaluza.
En total, se estima que estas entidades ocupan a cerca de 25.000 trabajadores y que el coste para el erario público llega a 6.000 millones de euros. Hablamos, por tanto, de una esfera razonablemente opaca que, no obstante, maneja ingentes cantidades de dinero, hasta el punto de que su coste por habitante ronda los 750 euros anuales.
Doce agencias, en el punto de mira
PP y Ciudadanos han iniciado la purga con doce agencias en mente. Son las siguientes:
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
- Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
- Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
- Agencia Pública de Educación.
- Agencia Andaluza de la Energía.
- Agencia de Innovación y Desarrollo en Andalucía.
- Agencia pública de Puertos.
- Agencia de Vivienda y Rehabilitación.
- Agencia Andaluza del Conocimiento.
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.
- Agencia de Medio Ambiente y Agua.
- Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Más de 70 consorcios y de 200 organismos
Además, el gobierno de PP y Ciudadanos ha puesto el foco en las llamadas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT).
Se trata de consorcios participados al 50% por el gobierno andaluz y al 50% restante por distintos entes dependientes de las administraciones locales. Su puesta en marcha data de 2002.
Hay algunos de estos consorcios que ni siquiera tenían actividad, pero seguían absorbiendo subvenciones y transferencias de la Junta con la excusa de mantener su funcionamiento.
En algunos casos, se daba la circunstancia de que estos entes contaban con empleados públicos, pero no tenían una sede formal de trabajo.
La Junta llegó a mantener casi cien entes de este tipo, aunque se vio obligada a recortar su alcance a partir de 2010, cuando la crisis golpeó con dureza las finanzas autonómicas.
Pese a todo, se estima que sigue habiendo más de setenta chiringuitos autonómicos en esta situación. A ellos habría que sumarle más de 200 organismos que operan con otra categoría jurídica, pero también forman parte de la Administración paralela.
