Se la trae floja a Pedro Sánchez porque aquí quien paga es -como casi siempre- el sufrido contribuyente español (Federico Jiménez Losantos: «¿Y si ganara Pedro Sánchez, qué?»).
Quedan menos de dos meses para que se celebren las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019. Hasta entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene programado aprobar multitud de medidas de claro carácter electoralista, aunque en el Palacio de la Moncloa no lo reconozcan oficialmente.
Sin embargo, la puesta en marcha de las mismas no va a ser gratuita y supondrá incrementar el gasto público en, al menos, 5.170 millones de euros en un momento en el que no es posible dar luz verde a iniciativas para subir los ingresos por la prórroga presupuestaria, ocasionada por el veto del Congreso al proyecto de Cuentas.
Parte de este gasto surge al resucitar varias de las medidas contenidas en los Presupuestos como reales decretos-ley (RDL). Este es el caso de la cotización con cargo al Estado de las cuidadoras no profesionales de dependientes y la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, una serie de iniciativas cuyo visto bueno supone de manera conjunta una subida del gasto de 610 millones, y a la que habría que añadir la inminente aprobación del subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años con un coste aproximado de otros 300 millones de euros.
Sin embargo, el conejo en la chistera que se guarda el Gobierno es otro. Como confirmó el Ejecutivo la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobará una oferta pública de empleo (OPE) antes de los comicios.
Aunque la cifra, según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, no está cerrada, la OPE igualará o incluso superará las 30.000 plazas convocadas por el Estado en 2018.
Esta creación de empleo supondrá para las arcas del Estado, como mínimo, un desembolso aproximado de 1.319 millones que además va a ser estructural en los gastos en personal.
